Oposición pide a los federales investigar caso de suspendido juez en P.Rico
El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, informó que solicitó hoy a las autoridades federales en la isla que investiguen el caso en que el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, presuntamente violó cánones de ética jurídica.
Ramos Sáenz fue suspendido luego de dimitir la semana pasada de la presidencia de la CEE por presuntamente consultar con varios líderes del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) mediante mensajes de WhatsApp varias decisiones judiciales relacionadas al sufragio de personas postradas en cama en las elecciones de 2016.
Estas acciones constituyen una violación al canon 28 de ética judicial.
“En la mañana de hoy sometí al director del FBI, a la Fiscal Federal y a la jefa de la división de integridad pública del Departamento de Justicia Federal, una carta conteniendo una denuncia formal sobre este esquema de fraude electoral”, anunció Ferrer.
Agregó que como excandidato a representar a Puerto Rico ante el Congreso en Washington, cuenta con ‘standing’ para solicitar una investigación federal.
“Asimismo, según la Ley federal que citamos en la comunicación enviada, si en la papeleta aparece un candidato a puesto electivo federal, el Departamento de Justicia Federal tiene jurisdicción para investigar cualquier evidencia de fraude electoral”, agregó Ferrer.
El político recordó que el 26 de octubre de 2016, la jefa de la Fiscalía federal en San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, dijo que “cada ciudadano debe ser capaz de votar sin interferencia o discriminación, y que su voto sea contado sin ser robado mediante fraude”, y que el Departamento de Justicia actuará con prontitud para proteger la integridad del proceso electoral.
Y de acuerdo con Ferrer, Rodríguez afirmó que “garantizar elecciones libres y justas depende en gran medida de la cooperación del electorado. Es imperativo que los que tienen información específica sobre fraude electoral faciliten esa información a la Fiscalía federal o el FBI.”
Ferrer detalló que el manual para el procesamiento de delitos electorales del Departamento de Justicia federal, igualmente establece la facilidad con la cual se puede tener jurisdicción federal.
El manual requiere únicamente que haya un candidato federal en la papeleta, y añade que el interés federal “está basado en la presencia de un candidato federal cuya elección puede ser contaminada, o aparentar ser contaminada, por el fraude.”
“La jurisdicción federal es clara. El interés del gobierno federal por investigar alegaciones de fraude electoral es claro. Corresponde que comience una investigación lo antes posible sobre este fraude electoral cometido por el gobernador y su equipo más cercano”, señaló Ferrer.
“Rosselló no puede permitir que se lleve la impresión de que acciones constitutivas de delito quedarán impunes. Como mínimo, debe suspender de sus funciones a las personas implicadas, mientras concluyen las investigaciones”, concluyó Ferrer.
