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Reforma sistema público de educación en P.Rico sigue su curso pero con recelo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofrece una rueda de prensa. EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofrece una rueda de prensa. EFE/Archivo

EFE

La reciente reforma del sistema educativo público anunciado este semana por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y que ha levantado el recelo de organizaciones de maestros y sindicatos, sigue su curso después de que el mandatario haya presentado el proyecto ante la legislatura.

Algo que según aseguró hoy la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), “dispone la privatización de las escuelas e impone el modelo de escuelas ‘chárter’” por lo que, a través de un comunicado, mostró su “enérgico rechazo a la medida” y exhortó a los legisladores a descartarlo por constituir “un golpe a la educación pública”.

Las escuelas “chárter” son propiedad de organizaciones privadas pero funcionan con fondos públicos.

Tanto el gobernador de la isla como la secretaria de Educación, Julia Keleher, han negado y reiterado una y otra vez, que no se trata ni mucho menos de una privatización.

Hoy Rosselló explicó que las mismas puedan quedar al margen del Departamento de Educación (DE).

La certificación de la misma, de acuerdo al proyecto presentado por el gobernador, puede ser expedida por el DE o por una universidad.

Esta misma semana, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ya dijo que presentará propuestas al Departamento de Educación para administrar Escuelas Alianza bajo la Reforma Educativa presentada ayer por el gobernador de la isla.

“La UPR participará de la transformación educativa de Puerto Rico. A tales efectos, la Universidad le presentará propuestas al Departamento de Educación para administrar escuelas públicas y, de esa manera, ayudar a mejorar la calidad de la educación en Puerto Rico, al tiempo que obtiene nuevos ingresos para la educación pública universitaria”, indicó el presidente de la Junta de Gobierno del sistema universitario, Walter Alomar.

“Nosotros hemos establecido que estas escuelas alianzas son escuelas públicas. Va a haber una administración externa, no es necesariamente privada. Estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, universidades, municipios”, volvió a remarcar hoy Rosselló.

La FMPR indicó hoy que una “reforma educativa que conlleve el cierre de cientos de escuelas, el deshacerse de 7.000 maestros y maestras, el forzar a miles de estudiantes a trasladarse de planteles y la entrega de las escuelas a empresas privadas es una farsa”.

“Una verdadera reforma requeriría mejorar el ofrecimiento académico, reducir la cantidad de estudiantes por salón, mejorar dramáticamente la compensación a los educadores y ver el proceso de enseñanza como una inversión en el futuro del país y su gente”, opinaron.

A su vez, consideraron que la educación y los niños “no son asuntos de dólares y centavos ni se les debe aplicar el criterio empresarial de ‘costo efectividad’”.

El sindicato explicó que más allá de convertir la educación en un “negocio y favorecer los intereses de empresas, amigos del alma y contribuyentes políticos, el proyecto no contiene cambios en el aspecto académico. Todo lo contrario, el proyecto mina la autonomía escolar y docente, derogando la Ley Orgánica del Departamento de Educación (DE)”.

La Federación de Maestros recordó que mañana llevará a cabo una protesta frente a La Fortaleza, sede del ejecutivo para mostrar su rechazo a lo que consideran “el desmantelamiento y privatización de las escuelas públicas”.

Por su parte, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) repudió a las expresiones “que ayer hiciera la Secretaria de Educación respecto a no reclutar maestros transitorios para el próximo año escolar”.

Emilio Nieves, presidente de la organización magisterial, afirmó que “la Secretaria de Educación acaba de anunciar que para el próximo año escolar más de 4.000 maestros transitorios quedarán fuera del Departamento de Educación”.

“Esto significa el despido de maestros con 4, 6, 8, 10 años o más con experiencia en las escuelas públicas y a quienes se les ha negado la permanencia a la cual tienen derecho luego de dos años de servicio”, concluyó.


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