Enmendada la ley para donaciones a Departamento de Corrección de Puerto Rico
El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Y. Rolón, anunció hoy que con la firma del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quedó vigente la enmienda a la sección 3 de la Ley 57 de 1958, que aborda el tema de las donaciones al departamento en beneficio de la rehabilitación y la calidad de vida de la población correccional.
Según explicó el secretario, el objetivo de la enmienda es agilizar los procesos de aceptación de las donaciones no monetarias que recibe la agencia.
“Con esta enmienda podremos agilizar estos procesos logrando que todas estas ayudas y donativos puedan ser canalizados con la mayor inmediatez. Agradecemos que la firma del gobernador le haya dado paso a este importante cambio en la ley”, indicó Rolón.
El titular del DCR detalló que durante el proceso para la elaboración del proyecto de ley, la agencia contó con el apoyo y la asistencia de otros componentes en la rama ejecutiva, adquiriendo un rol protagonista el Departamento de Hacienda, quien coincidió en todo momento con sus propósitos, así como la Oficina del Gobernador.
La enmienda establece que al realizarse una donación condicional no monetaria al DCR, y el Secretario de dicha entidad determine que redunda en beneficio directo a la población correccional, o que contribuye con su rehabilitación moral y social, “ésta estará exenta del requisito de ser autorizada por el Departamento de Hacienda y su secretario”.
De esta forma, la iniciativa de ley que promovió el DCR, “atiende una problemática que afectaba el flujo y rápido disfrute de las donaciones condicionales que recibe en favor de los miembros de la población correccional, quienes conocen y han expresado que esperan con anhelo la puesta en práctica definitiva de esta medida”, indicó el DCR en un comunicado.
Además, con la aprobación de esta enmienda, tanto la rama ejecutiva como la legislativa evidencian el fiel cumplimiento con la política pública proyectada, respecto a alcanzar que los procesos gubernamentales “operen de la manera más ágil y eficiente posible, sin dejar a un lado los controles necesarios que revistan de transparencia las gestiones públicas”.
