Desestiman demandas bonistas contra Gobierno y Autoridad carreteras de P.Rico
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico, Gerardo J. Portela, informó que en el caso de Assured Guaranty Corp. contra el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la jueza de distrito federal Laura Taylor, resolvió que la ACT puede seguir usando el dinero depositado en sus cuentas para solventar sus operaciones.
Según se desprende de la reclamación, los demandantes solicitaron una orden del Tribunal, que declarara que los ingresos de la ACT debían utilizarse para el pago del principal e intereses de los bonos de la ACT, “no obstante, el caso fue desestimado”, indicó en un comunicado la AAFAF.
Esta determinación se dio como parte del proceso de reestructuración de deudas al amparo del Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por su sigla en inglés), subrayó.
La jueza también emitió una decisión sobre la acción presentada por poseedores de obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico, en la cual se solicitó a la corte que declarara como propiedad de los bonistas, los ingresos por contribuciones especiales sobre la propiedad y los ingresos “clawback”.
“La jueza desestimó todas las reclamaciones (nueve en total) basándose en que los argumentos presentados por los bonistas eran hipotéticos, que las cortes no ofrecen opiniones consultivas, y que, bajo PROMESA, la corte no tiene jurisdicción para decidir sobre el asunto en estos momentos”, agregó.
“Estas determinaciones representan una victoria significativa para el Pueblo de Puerto Rico y para nuestra Administración, debido a las repercusiones que podría tener en otros casos que se litigan”, expresó el jefe AAFAF.
Portela explicó, que “la decisión tomada por la jueza de desestimar las reclamaciones presentadas por los bonistas, tiene el efecto de reconocer que el dinero depositado en las cuentas de la ACT constituye propiedad de esta y, por tanto, tiene la facultad para disponer de esos fondos para atender sus necesidades operacionales”.
“En cuanto a la acción presentada por los tenedores de obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico, destacamos que no se le reconoció un interés propietario sobre los ingresos por contribuciones especiales sobre la propiedad o ‘clawback’”, agregó.
Por último, reiteró que está “a la disposición para continuar el proceso de renegociación de la deuda con los bonistas, y continuar alcanzando la responsabilidad fiscal de Puerto Rico”.
