Gobierno mexicano evita desplegar más militares ante avalancha de críticas
Bombardeado por impugnaciones contra la recién promulgada Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de militares en tareas de seguridad pública, y apremiado por la cercanía de comicios presidenciales, el Gobierno mexicano anunció hoy un despliegue de fuerzas federales, sin participación castrense.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que más de 5.000 elementos de las fuerzas federales fueron desplegados desde el lunes en distintos puntos conflictivos del país para disminuir los niveles de violencia.
“No están participando en este operativo o despliegue ni Ejército mexicano ni Marina, sino las capacidades que tiene, civiles, el Estado mexicano y que son muchas”, expuso.
Señaló que el despliegue se realiza “en zonas urbanas fundamentalmente, en puntos muy conflictivos del país, de alto nivel de violencia”, y tiene por objeto “disminuir en un corto plazo estos niveles de crecimiento de violencia”.
Precisó que en principio el despliegue se realiza en Tijuana, estado de Baja California; el corredor Los Cabos-La Paz, Baja California Sur; Ciudad Juárez, Chihuahua; el estado de Colima; Jalisco, en dos puntos específicos; Chilpancingo, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo.
En declaraciones a periodistas, Navarrete añadió que la operación se extenderá próximamente a Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz.
Respecto a los más recientes episodios de violencia registrados en distintos puntos del país, el ministro consideró que no hay “focos rojos” de cara a las elecciones del 1 de julio.
“Platicando con el presidente del INE (Instituto Nacional Electoral) no vemos focos rojos para una jornada electoral donde el Gobierno de México deberá garantizar, también, condiciones de expresión clara, transparente, libre y pacífica del voto de los mexicanos”, declaró.
El 1 de julio, 86 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos los de presidente, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del Gobierno de Ciudad de México.
En México se produjo un repunte de la violencia hace 11 años tras el lanzamiento de la llamada guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos.
Este supuesto combate frontal al crimen organizado supuso la salida a las calles de los militares, donde han permanecido desde entonces efectuando tareas de seguridad pública.
En diciembre pasado, el actual presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, que formaliza y establece los lineamientos para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles, donde han sido acusados de uso indebido de la fuerza y desapariciones forzadas.
La Ley de Seguridad ha sido blanco de acciones de inconstitucionalidad promovidas por distintas instancias, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que actualmente analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También ha sido criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agrupaciones internacionales de derechos humanos.
Entre las críticas esgrimidas contra esta legislación destaca el argumento de que la participación de militares no ha logrado abatir los niveles de violencia en el país.
De hecho, México cerró 2017 con 25.339 homicidios dolosos, una cifra sin precedente en dos décadas que supone un aumento de 18,91 % respecto al año anterior y que muestra, según expertos consultados por Efe, la debilidad del modelo de seguridad.
“Hay un fracaso en la perspectiva de la estrategia de seguridad”, por un modelo que “no ha variado un ápice” en más de un decenio, afirmó Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana.
Respecto a la Ley de Seguridad, consideró que lejos de proponer una “solución real” ante la inseguridad, la norma “implica una agenda que permite perpetuar” las estrategias punitivas.
A su vez, Pablo González, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que durante este proceso electoral los ciudadanos deberían exigir a los candidatos que dejen clara cuál será su política de seguridad.
Señaló que, por ahora, los aspirantes presidenciales no han hablado de una “agenda específica de seguridad”, sino que se han presentado “ideas aisladas”, como hizo el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador cuando se mostró abierto a debatir una amnistía a líderes del crimen organizado.
