Aprueban informe conferencia proyecto Restauración Libertad Religiosa P.Rico
La Cámara de Representantes aprobó el segundo informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 1018 de “Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico” para armonizar los cambios a la pieza de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos Méndez, y los representantes Guillermo Miranda Rivera y María Milagros Charbonier.
Al cierre de la pasada sesión ordinaria pasó a un Comité de Conferencia.
El informe firmado por miembros del Comité y los presidentes de Cámara y del Senado -Thomas Rivera-, afirma que cualquier empleado, contratista o funcionario que se considere afectado en el ejercicio de su libertad religiosa en contra de lo dispuesto en esta Ley, podrá requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo.
Incluso menciona que, “a pesar de la aplicabilidad del ‘Religious Freedom Restoration Act’ (RFRA, por su sigla en inglés) en Puerto Rico y sus territorios, sus parámetros legales no han sido aplicados a nuestro más alto foro judicial lo que ha llevado en los últimos años a atropellos significativos a la libertad religiosa de ciudadanos que han supuesto una carga substancial al ejercicio de la misma”.
Se indicó que en el caso de Puerto Rico “hay ejemplos concretos donde municipios han creado obstáculos arbitrarios para el libre ejercicio de la libertad religiosa al negar permisos de construcción para iglesias evangélicas y al prohibir manifestaciones religiosas en plazas públicas”.
Se aludió también, al enfrentamiento con la pasada administración donde en el sector educativo “se pretendió imponer una ideología contraria a los principios cristianos de los padres”.
Al ser avalado el lenguaje del Proyecto por ambos cuerpos legislativos, ahora será enviado a La Fortaleza para la firma del gobernador, Ricardo Rosselló.
El proyecto persigue que las personas que entiendan se les ha violado su ejercicio religioso en virtud de lo establecido en este estatuto, “podrá alegar tal violación”.
Basado en el informe, la presente Asamblea Legislativa, “se reafirma en que el ejercicio de la religión en todas sus manifestaciones es un derecho inalienable del ser humano y con el fin de preservar ese hecho, entiende necesario descargar su responsabilidad constitucional para establecer la Ley para la Protección de la Libertad Religiosa”.
