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Ente energético de Puerto Rico rechaza Plan Fiscal y afirma aumento en tarifa

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), que tiene como fin fiscalizar, ejecutar e implementar la política pública energética local, rechazó hoy la propuesta del Plan Fiscal del Gobierno de asociarlo con otras entidades, pues mermaría su misión de defender a los ciudadanos de facturas injustas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en proceso de privatización. EFE/Archivo

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), que tiene como fin fiscalizar, ejecutar e implementar la política pública energética local, rechazó hoy la propuesta del Plan Fiscal del Gobierno de asociarlo con otras entidades, pues mermaría su misión de defender a los ciudadanos de facturas injustas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en proceso de privatización. EFE/Archivo

EFE

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), que tiene como fin fiscalizar, ejecutar e implementar la política pública energética local, rechazó hoy la propuesta del Plan Fiscal del Gobierno de asociarlo con otras entidades, pues mermaría su misión de defender a los ciudadanos de facturas injustas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en proceso de privatización.

Y es que según dijo hoy en rueda de prensa el presidente interino de la CEPR, José Román, el ente regulador de revisión de factura eléctrica que envía la corporación pública a sus clientes y que propone el Gobierno en su Plan Fiscal 2019-2022, debe ser “efectivo y no razonable”

“El interés público no es razonable para una u otra entidad, sino por el interés público. La AEE sigue retando y dándole la vuelta al regulador”, sostuvo Román, cabeza de la CEPR, creada bajo la Ley 57 en el 2014 bajo la administración de Alejandro García Padilla, miembro de la oposición del actual gobernador Ricardo Rosselló.

Román detalló que la Ley 57 establece política pública sobre energía eléctrica y resalta que la energía generada transmitida y distribuida en Puerto Rico, debe tener un costo asequible, justo, razonable y no discriminatorio para todos los consumidores.

Román recordó que al crearse la CEPR, ésta realizó la primera revisión tarifaria en Puerto Rico por un ente independiente en 70 años.

Dicha evaluación, que duró seis meses y en la que trabajaron más de veinte expertos, reveló, entre varias fallas en la AEE, apagones excesivos, sistema deteriorado y falta de disciplina en presupuestos y gastos.

“Estoy en defensa de los consumidores y los intereses. Para que la tarifa sea razonable, los gastos asociados a la misma tienen que ser razonables”, afirmó el ingeniero Román, quien dijo además que por ser la AEE una corporación pública, no cuenta con accionistas que puedan absolver beneficencias o gastos.

“Hay que seguir trabajando con la AEE. Pero con la privatización, no existirá regulador fuerte, sino razonable. Necesitamos un marco regulador efectivo y nosotros lo somos”, enfatizó.

Román añadió, que de acuerdo al recién propuesto Plan Fiscal, se impondrá un “federal rate mechanism” (mecanismo tarifario federal), el cual el CEPR rechazó.

Igualmente, aseguró que la tarifa del uso de servicio eléctrico en la isla aumentará para que así la corporación privada recupere los gastos durante la compra de la agencia pública.

También, la CEPR denegó la reconsideración de la AEE sobre ciertos aspectos del mecanismo de ajuste tarifa anual, incluyendo los términos para presupuestos y ajustes de tarifa.

“Con esto, debe haber una revisión previa y no hay una supervisión real. Con una compañía privada, las comisiones reguladores tienen más garras, porque se pueden evaluar y con una pública no, porque no hay accionistas”, señaló.

Román, a su vez, rechazó “rotundamente” la manera en que se han tergiversado los hechos sobre la revisión tarifaria en la CEPR.

“El Plan Fiscal alega que la CEPR consistentemente trata de ejercer control directo y excesivo sobre la AEE más allá de la revisión de las facturas”, indicó Román.

“No podemos seguir permitiendo que la AEE siga haciendo cambios. Una vez se invierta o se gaste el dinero, los consumidores tendrán que pagarlo sin supervisión”, alegó Román.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario Cortés, rechazó las expresiones de Román, pues la propuesta del gobernador “es consolidar agencias para lograr eficiencias y ahorros en tiempos de grandes retos fiscales”.

“Esto nos permitirá tener recursos para pagar los salarios de nuestros empleados públicos y la pensión de nuestros retirados”, dijo Rosario Cortés, quien aseguró que la medida del gobernador no elimina a la CEPR ni la regulación de este ente especializado.


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