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Organizaciones consideran “inaceptable” última propuesta migratoria de Trump

Una estudiante de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sostiene un cartel en el que se lee "Soy una soñadora, tu no puedes deportar los ideales", durante una protesta en contra del presidente Donald Trump. EFE/Archivo

Una estudiante de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sostiene un cartel en el que se lee “Soy una soñadora, tu no puedes deportar los ideales”, durante una protesta en contra del presidente Donald Trump. EFE/Archivo

Numerosas organizaciones pro derechos de los inmigrantes consideraron hoy “inaceptable” la última propuesta migratoria del presidente, Donald Trump, que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a EEUU de niños a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza.

La cifra de 1,8 millones de inmigrantes es superior a los 690.000 jóvenes, conocidos como “soñadores”, que actualmente pueden trabajar y están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira el 5 de marzo por orden de Trump.

Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights, grupo ubicado en la localidad fronteriza de El Paso (Texas), calificó la propuesta como “inaceptable” y “contraria” a los valores fundacionales del país.

“A cambio de permitir que nuestros jóvenes persigan sus sueños, Trump y sus radicales nativistas insisten en que Estados Unidos debe aceptar la separación permanente de las familias inmigrantes y gastar una gran cantidad de dinero para construir un muro con nuestro amigo, aliado y segundo socio comercial más grande, México”, sentenció en declaraciones a Efe.

En este sentido, la activista de la Coalición de Comunidades Fronterizas, Andrea Guerrero, recalcó hoy en una conferencia telefónica el “enorme impacto” que tendría la hipotética construcción de un muro en las comunidades limítrofes.

“Además del altísimo coste del muro, no debemos olvidar el enorme impacto que tendría en las relaciones humanas que hay entre ambos lados de la frontera con México y en el medioambiente de la región”, sentenció.

De hecho, Trump ha exigido al Congreso 25.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo con México, implementar “mejoras” en la frontera con Canadá y reformar los puestos de control, que regulan el tráfico de personas y mercancías.

El mandatario, además, pidió al Legislativo que acabe con el actual sistema de reagrupación familiar, conocido por sus detractores como “migración en cadena” y que permite a ciudadanos estadounidenses pedir la tarjeta de residente permanente (“green card”) para sus familiares en el extranjero.

Para Greisa Martínez, directora de defensa del grupo United We Dream, una de las principales organizaciones defensoras de los inmigrantes jóvenes en Estados Unidos, los “soñadores” no serán utilizados “como moneda de cambio para la agenda supremacista blanca de Stephen Miller”, asesor de Trump en política migratoria.

“Ellos crearon esta crisis y ahora están usándola para tratar de pasar una propuesta antiinmigrante, que pretende que nos peleemos entre nosotros”, apuntó hoy Martínez en la misma llamada.

La beneficiaria de DACA recordó que cada día hay 122 “soñadores” que pierden su estatus de protección, algo que provoca que estos jóvenes vivan “con miedo y en las sombras”.

Por otro lado, el director de America’s Voice, Frank Sharry, se mostró escéptico con la cantidad de indocumentados que accederían mediante este plan a la ciudadanía, situada en 1,8 millones por la Casa Blanca.

“Estamos esperando los detalles de la propuesta, pero estoy seguro de que querían usar un número alto para tratar de esconder todos los otros puntos de la reforma”, concluyó Sharry.

Varios activistas participantes en la conferencia aseguraron que las movilizaciones a nivel local, estatal y nacional no cesarán durante las próximas semanas hasta el día 8 de febrero, cuando vence el presupuesto federal aprobado la semana pasada como condición para abrir un debate en el Congreso a fin de resolver ese problema.

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