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ONU pide no descartar líneas investigación en asesinato de activista mexicana

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ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron hoy el asesinato de la defensora de derechos humanos Guadalupe Campanur y pidieron que no se descarte ninguna línea de investigación, incluyendo la relacionada con su labor comunitaria.

Campanur desapareció el 3 de enero pasado, y su cuerpo fue encontrado 13 días después en el municipio de Chilchota, en el occidental estado de Michoacán.

De acuerdo con información recabada por ambas oficinas, la defensora había sido víctima de un ataque sexual, y estrangulada entre 36 y 48 horas antes de que se descubriera su cadáver.

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El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, recordó en un comunicado que Campanur “fue un ejemplo”, porque formó parte de los trabajos puestos en marcha en la comunidad de Cherán para “evitar este tipo de crímenes”.

El municipio indígena de Cherán se movilizó en 2011 contra la tala ilegal de su bosque, la violencia y la impunidad del crimen organizado en la región.

Sus habitantes lograron que el Gobierno mexicano reconociera su derecho constitucional de autogobernarse por el sistema de “usos y costumbres” tradicionales, sin interferencia de partidos políticos.

Jarab remarcó que el caso ha de ser investigado de manera “pronta y eficaz” por las autoridades competentes, quienes no deben descartar una línea de indagatorias que considere la labor de defensa de Campanur, fundadora de la Ronda Comunitaria, instancia concebida para proteger la comunidad y su bosque.

Por otra parte, la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, reiteró la petición de una indagatoria efectiva, “bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres”.

Pidió que se examinen todas las posibilidades respecto a la autoría y los motivos del crimen, evitando “en todo momento la estigmatización de la víctima”.

Las oficinas recordaron que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos, y de generar “un ambiente propicio para la valiosa labor de defensa que desempeñan”, atendiendo a las dificultades específicas que sufren las mujeres.

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