Gobierno de P.Rico presentará plan fiscal base de sus próximos presupuestos
El Gobierno de Puerto Rico presenta hoy el plan fiscal revisado, documento base para los presupuestos y la política económica de los próximos 5 años elaborado de acuerdo a la nueva realidad de la isla tras el huracán María.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) es la agencia gubernamental encargada de la entrega de un borrador que deberá contar con el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo de San Juan establecida tras la aprobación de normativa por el Congreso en Washington para atender una deuda impagable.
Además del plan fiscal del Gobierno central, serán presentados los de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
El Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló se ve forzado a presentar un nuevo plan fiscal que se adecúe al escenario al que se enfrenta Puerto Rico tras el paso del huracán María por la isla caribeña el pasado 20 de septiembre.
María, aparte de dejar daños que el Ejecutivo estima en 94.000 millones de dólares, cambió totalmente el marco económico de la isla, que arrastra una deuda cercana a los 70.000 millones de dólares que el Gobierno de San Juan no puede pagar por falta de liquidez.
El expresidente Barack Obama convirtió en junio de 2016 en ley un proyecto que nació del Congreso de EE.UU. con el objetivo de crear una entidad que abordara el asunto de una deuda impagable que amenazaba al Gobierno de Puerto Rico con una maraña de demandas judiciales por parte de los acreedores.
La norma aprobada por el Congreso en Washington es la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que establece la JSF, entidad que se superpone al Ejecutivo.
El representante del Gobierno de Puerto Rico ente la JSF, Christian Sobrino, adelantó sobre el nuevo plan fiscal que responde a un ejercicio de planificación fiscal a 5 años que toma en consideración en consideración la inversión que llegará de Washington y de seguros privados para atender la destrucción provocada por María.
El plan fiscal certificado hace cerca de un año por la JSF, que ahora es será sustituido, no preveía cambios importantes en la población de la isla, dato fundamental para estimar la recaudación de impuestos y los servicios que se prestan a la ciudadanía.
El nuevo documentó sí considera un descenso de la población de cerca del 15 % desde la mitad de la pasada década.
En el nuevo plan fiscal además se tiene en cuenta para la petición hecha por Rosselló al Congreso de EEUU el pasado mes de noviembre de 94.000 millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ya advirtió sobre el nuevo plan del Gobierno que la ley Promesa permite a la entidad que lidera presentar uno alternativo para imponer la disciplina presupuestaria y permitir así que los mercados financieros vuelvan a prestar al Estado Libre Asociado.
Además, sostuvo que se espera que el documento incluya herramientas para poner fin a una crisis económica que se prolonga ya durante más de una década.
El plan fiscal que se presenta hoy tiene varias incógnitas, ya que no se conoce con exactitud el impacto que tendrá la reforma federal de EEUU en Puerto Rico, el dinero que recibirá para su reconstrucción tras los huracanes de septiembre ni todavía se sabe con precisión de qué fondos dispone el Gobierno de la isla caribeña.
No se sabe tampoco si el nuevo presupuesto incluirá partidas para el pago de los acreedores de la multimillonaria deuda del Gobierno y sus corporaciones.
El pasado mes de julio, la JSF sometió una solicitud del Gobierno para acogerse al Título III de Promesa, que no es más que un proceso de quiebra tutelado por la Justicia.
La jueza federal Laura Taylor Swain es la responsable del proceso de quiebra y de establecer para que partidas hay dinero y para que otras no.
El presupuesto que se presentará hoy es un borrador que será estudiado por la JSF, que podrá obligar a cambios al Ejecutivo, antes de su aprobación definitiva por esa entidad de control.
