La privatización de la AEE provoca división e incógnitas sobre el proceso
La privatización de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico anunciada por el gobernador, Ricardo Rosselló, provoca divisiones y la incógnita sobre cómo se llevará a cabo un proceso que afecta a la “joya de la corona”.
El anuncio de Rosselló, el lunes, es analizado hoy con lupa por expertos por tratarse de la gran empresa pública de Puerto Rico, un “mastodonte” con estructuras anquilosadas que para muchos ralentizaba el crecimiento de la economía y con un servicio caro e ineficaz.
La patronal de forma mayoritaria apoya la medida, mientras que los sindicatos alertan de que la privatización no es una fórmula mágica para un mejor servicio y que la consecuencia más probable será un aumento de tarifas, mientras que la oposición aprovechó para criticar la medida.
La incógnita ahora es saber cómo se llevará a cabo un proceso que se prolongará aproximadamente 18 meses y que supondrá la venta de activos de la AEE para que el sector privado se haga cargo de la generación.
En cuanto a la distribución y transmisión de la energía ahora también en manos de la AEE, Rosselló anunció que se optará por la concesión a término definido.
El anuncio llega cuando, más de 4 meses después del paso del huracán María, solo un 67,5 % de los abonados de la AEE cuentan con electricidad.
Rosselló, precisamente, se refirió durante el anuncio a la incapacidad de la AEE para hacer frente a la reconstrucción de la infraestructura eléctrica.
El resultado es que desde el 20 de septiembre de 2017 hay cerca de medio millón de puertorriqueños sin electricidad.
La población y los empresarios llevaban años quejándose de un pobre servicio por parte de la AEE y tarifas que en el caso de las empresas condicionan su cuenta de resultados.
Aunque Rosselló no dio detalle alguno del proceso, las preguntas son muchas al tratarse la AEE de una empresa inmersa en un proceso de quiebra provocado por la imposibilidad de afrontar el pago de su millonaria deuda, lo que ha generado recelo y rechazo entre los acreedores al anuncio.
La AEE se rige actualmente por el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en inglés), una norma aprobada por el Congreso en Washington para, precisamente, afrontar el asunto de la deuda impagable de 70.000 millones de dólares del Gobierno de la isla y sus corporaciones públicas, con la eléctrica a la cabeza.
Promesa establece una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que se superpone y controla al Ejecutivo de San Juan.
El pasado mes de julio, la JSF sometió una solicitud del Gobierno para acogerse al Título III de Promesa, que no es más que un proceso de quiebra tutelado por la Justicia, el cual incluye a la eléctrica estatal.
Analistas locales apuntan hoy que es probable que la venta de parte de la AEE se incluya en un plan de ajuste de la deuda que deberá contar con el visto bueno de los acreedores y sobre el que no hay un acuerdo definitivo a pesar de la mediación que dirige la jueza federal que lleva el caso, Laura Taylor Swain.
La AEE está sujeta a lo que determine la JSF, que la representa en el proceso de bancarrota que dirige Taylor Swain.
La JSF, al presentar la petición para la AEE de acogerse al Título III de Promesa, indicó que la compañía pública no podía hacer frente al pago de una deuda de 9.000 millones de dólares a acreedores y proveedores.
La deuda de la AEE, según los expertos, no desaparecerá por la venta de la compañía, por lo que se mantendrá con los tenedores de bonos.
Además, la jueza Taylor Swain deberá pronunciarse sobre el caso al estar a cargo del proceso de quiebra de la AEE.
El anuncio de Rosselló fue aplaudido por patronales como el Centro Unido de Detallistas, cuyo presidente, Nelson Ramírez, dijo que la venta permitirá que acabe un monopolio que desincentiva la inversión y la creación de empleos.
El presidente de la Asociación del Comercio al Detal, Iván Báez, indicó por su parte que por muchos años el sector privado ha solicitado la transformación del sistema energético, que por su ineficacia impide el desarrollo económico.
Por parte de los sindicatos, el expresidente de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ricardo Santos, dijo que la venta de la AEE no garantiza un mejor servicio y que en otros lugares se ha comprobado cómo la privatización se ha traducido en un peor servicio y en costos más altos de energía.
Por parte de la oposición, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, dijo que el anuncio de Rosselló demuestra incapacidad para gobernar.
