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Incierto el futuro de dispensarios de marihuana en P.Rico ante decisión EEUU

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Goodwin Aldarondo, presidente de Puerto Rico Legal Marijuana -defensora de la marihuana para uso medicinal- dijo hoy que la decisión del Gobierno federal de interferir en el uso de la yerba en EEUU para dicho propósito, causa “incertidumbre” entre los dispensarios que venden dicha hierba.

Aldarondo se expresó en contra de la decisión un día después de que el Gobierno estadounidense de Donald Trump derribara el jueves una norma aprobada por el expresidente Barack Obama que impedía la interferencia federal en las decisiones de los Estados respecto a la relajación de las leyes contra esa droga.

A su vez, el fiscal general, Jeff Sessions, emitió un memorándum en el que encomienda a los fiscales de los Estados Unidos hacer cumplir la ley federal y seguir los principios establecidos para perseguir las actividades relacionadas con la marihuana, según un comunicado del Departamento de Justicia federal.

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“Las expresiones de Sessions a través de su memorando, han causado un enorme revuelo e incertidumbre para la industria del cannabis a nivel nacional. Sus expresiones implican que el gobierno federal podría intervenir con los dueños de establecimientos de cannabis en cualquier momento”, sostuvo Aldarondo en un comunicado.

Ante esto, el defensor del uso de la marihuana como recurso medicinal en la isla cuestionó si los establecimientos locales que venden la yerba con dicho propósito, deben cesar sus operaciones.

“¿Deben los dueños de establecimientos cesar sus operaciones? Las expresiones de Sessions no implican que inmediatamente el gobierno federal va a intervenir con nuestra industria, pero podría en cualquier momento”, manifestó el abogado de cannabis en el texto.

Y ante la amenaza de ser intervenidos por las autoridades federales, Aldarondo le recomendó a todos los propietarios de dispensarios de marihuana que estén cumpliendo con todas las leyes y reglamentos.

La decisión del máximo responsable de Justicia guiará a los fiscales del país a hacer cumplir la legislación nacional, por la que el consumo de marihuana -recreativo o médico- es ilegal, e imponerla sobre las normas adoptadas por los Estados que hayan despenalizado su consumo.

Desde 2013, cuando el Departamento de Justicia bajo el Gobierno de Obama aprobó su directriz, el Ejecutivo federal había optado por una postura más laxa ante las regulaciones en esta materia a nivel estatal, optando por no imponer la norma federal salvo que las normas de los Estados entraran en conflicto con otras leyes nacionales.

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