Disputa institucional y huracán marcan primer año de Rosselló en Puerto Rico
El Gobierno de Puerto Rico que lidera Ricardo Rosselló cumple hoy un año, ejercicio marcado por la difícil coexistencia con una entidad de control impuesta por Washington para atender una deuda impagable y el huracán María.
Rosselló, que se convirtió en gobernador sin haber cumplido los 40 años, llegó al Ejecutivo de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos con nula experiencia en la Administración pública pero arropado por su padre, quien ocupó el cargo entre 1993 y 2000.
Dejó claro desde el primer día que la guía de su mandato pasaba por conseguir el objetivo que es razón de ser de su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP), la plena integración a Estados Unidos.
Para ello, organizó a comienzos del pasado mes de junio un plebiscito sobre la relación política con Estados Unidos en el que un 97 % de quienes votaron lo hicieron a favor de la anexión a EE.UU., aunque el dato más relevante de la consulta fue que la participación fue de solo el 22,9 %.
La baja participación que sin duda deslució el resultado estuvo condicionada por el boicot de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que desacreditaron la consulta.
Rosselló no se desanimó por la pobre participación y viajó a Washington para presentar oficialmente al Congreso estadounidense el resultado, lo que, como cabía esperar, no tuvo resultado alguno una vez que desde la capital de EE.UU. lo que primero se pide para dar un paso hacia un cambio en el estatus de la isla es que haya al menos unidad entre la ciudadanía.
El revés que supuso el resultado de la votación tuvo que pasarse de página rápidamente ante el reto que supone para Rosselló y su Ejecutivo convivir con la Junta de Supervisión y Administración Financiera, una entidad que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
El presidente Barack Obama convirtió en junio de 2016 en ley un proyecto que nació del Congreso de EE.UU. con el objetivo de crear una entidad que abordara el asunto de una deuda impagable de 70.000 millones de dólares que amenazaba al Gobierno de Puerto Rico con una maraña de demandas judiciales por parte de los acreedores.
La entidad de control, la popular “Junta”, se convirtió rápidamente en el principal quebradero de cabeza del Ejecutivo de Rosselló al chocar por el papel de cada uno en la dirección del territorio caribeño.
La “Junta” es responsable de aprobar el presupuesto anual, lo que provocó un duro enfrentamiento con Rosselló y su Ejecutivo, al entender la entidad de control que el Gobierno iba a incurrir en gastos por encima de la recaudación.
Finalmente, hubo acuerdo y Rosselló tuvo que ceder, no sin antes pasar por una huelga general el 1 de mayo convocada por los sindicatos, que la justificaron por unas medidas de austeridad contra los trabajadores impuestas por la “Junta” pero aplicadas por el Gobierno.
El enfrentamiento ha continuado con la llamada de atención constante de Rosselló sobre que la “Junta” tiene un papel limitado que es el de velar porque el Gobierno de Puerto Rico cumpla con los objetivos establecidos en un Plan Fiscal para las finanzas públicas y el presupuesto anual.
El último episodio de este enfrentamiento se vivió al nombrar en la “Junta” a una persona de su confianza como máximo responsable para la reestructuración de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), entidad que no puede afrontar el pago de una deuda de miles de millones de dólares.
La disputa, que tuvo lugar en noviembre, se zanjó con la intervención de la jueza federal responsable de la quiebra de la deuda, Laura Taylor, que denegó a la JSF la facultad para nombrar al máximo responsable de la AEE.
Los problemas de Rosselló con la entidad de control impuesta por Washington se quedan pequeños en comparación con lo que el Gobierno tuvo que afrontar tras el 20 de septiembre, cuando el huracán María arrasó la isla.
Un saldo provisional de 64 muertos y 94.000 millones de dólares en pérdidas es lo que supuso el paso de María por Puerto Rico, cuya infraestructura eléctrica quedó completamente devastada.
Rosselló, a pesar de los miles de agentes federales que se trasladaron a la isla, ha denunciado la pobre ayuda por parte del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU., cuyo trabajo no ha evitado que más de 3 meses después del huracán cerca de 40 % de la población permanezca todavía sin electricidad.
El gobernador tiene por delante, en su segundo año de mandato, salir de una vez de una crisis económica que dura cerca de una década y poner freno a un éxodo demográfico hacia EE.UU. acentuado por el huracán.
