El Gobierno de P.Rico teme que la reforma fiscal sea un segundo huracán

El Gobierno de Puerto Rico teme que la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos se convierta en un segundo huracán, tras el paso de María en septiembre, para la isla caribeña, que sufre una profunda crisis económica desde hace una década agravada por una deuda impagable.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, denunció las negativas consecuencias que entiende tendrá la aprobación por las dos cámaras del Congreso de EEUU, el miércoles, de la reforma fiscal, lo que hoy confirman expertos economistas de la isla.

José Joaquín Villamil, presidente de la firma de consultoría en economía Estudios Técnicos, señaló a Efe que la principal consecuencia será una limitación en la capacidad de Puerto Rico de atraer empresas.

El economista, consultor de varias organizaciones internacionales, incluida la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, sostuvo que la dificultad para que las compañías se instalen es resultado de una normativa que aumenta la tributación para las empresas que operen en la isla y la reduce en Estados Unidos.

Cámara de Representantes y Senado de EEUU aprobaron el informe de la conferencia a HR 1, también conocido como la “Ley de Reducción de Impuestos y Empleos”, imponiendo un impuesto del 12,5 % sobre la propiedad intelectual de las empresas con operaciones en el territorio de Puerto Rico, que es considerado a nivel tributario foráneo.

El Ejecutivo que lidera Rosselló teme que la medida provoque un segundo huracán que comience con la salida masiva de las compañías manufactureras que operan en Puerto Rico destruyendo miles de empleos con alta remuneración, lo que provocará desempleo y una menor recaudación de impuestos al perder sus trabajos esos empleados y, sobre todo, irse las empresas.

Ese 12,5 % se aplicará sobre las ganancias de empresas estadounidenses con patentes desarrolladas en Estados Unidos y que operen en Puerto Rico, ya que a partir de ahora, con la aprobación de la reforma fiscal, la isla caribeña pasa a considerarse en un territorio extranjero, como, por ejemplo, puede ser Irlanda.

“Va a tener consecuencias, pero no inmediatamente”, matizó Villamil, para quien la norma aprobada por el Congreso supone unas condiciones tributarias menos atractivas para las empresas.

Villamil indicó que la isla se enfrenta a una situación que puede tener paralelismo con la sufrida tras la derogación de la sección 936 del Código de Rentas Internas.

Esa fue una medida del Gobierno federal de los Estados Unidos para promover que corporaciones norteamericanas pudieran utilizar a Puerto Rico como fuente de inversión, al quedar eximidas de pagar contribuciones federales.

Según datos de la “National Boureau the Economic Research”, la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas federal provocó que los salarios en las empresas manufactureras de la isla bajaran en más de un 15 % y el abandono de casi un 30 % las compañías de ese sector con presencia en Puerto Rico.

A finales de la década de los años ochenta las empresas manufactureras estadounidenses en Puerto Rico superaban las 2.000, lo que da una importancia para la economía local.

“Algunas empresas se irán, pero no todas”, puntualizó Villamil, para quien es obvio que el nuevo panorama hace para las compañías a Puerto Rico menos atractivo desde el punto de vista tributario.

Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, señaló a Efe por su parte que el Gobierno depende en gran medida de los impuestos que obtiene de las empresas manufactureras para su financiación, por lo que las consecuencias de la reforma fiscal serán muy importantes.

“Se reduce a partir de ahora el poder del atracción para las empresas al aparecer -Puerto Rico- como un territorio foráneo”, sostuvo el economista, para quien las consecuencias de que la isla sea considerado un territorio extranjero tiene su raíz en la falta de representación del Estado Libre Asociado en el Congreso en Washington.

“Pasó lo que tenía que pasar”, dijo, aunque para señalar que no descarta que durante el próximo año el Congreso apruebe algún tipo de legislación que pueda compensar a Puerto Rico.