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Gobernador de Puerto Rico firma dos proyectos relacionados con la judicatura

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. EFE/ARCHIVO

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. EFE/ARCHIVO

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de Puerto Rico, Ramón Rosario, informó hoy que el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, firmó hoy los dos proyectos relacionados a la rama judicial que aprobó la Asamblea Legislativa.

Se trata de los proyectos del Senado 728 y 775 de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera.

“Luego de la evaluación de rigor es importante señalar que estos proyectos velan por la independencia judicial y hacen del proceso de la asignación de jueces uno objetivo, imparcial y transparente. Por ello, el gobernador impartió su firma a estos proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa”, informó Rosario.

El secretario destacó que “es importante conocer la verdad de estos proyectos, pues varias personas han estado publicando información incorrecta de las medidas”.

La ahora Ley 120-2017 dispone como sugerencia a la rama judicial que la “asignación de jueces del Tribunal de Apelaciones, de los casos electorales y de las salas de recursos extraordinarias se hagan por mecanismos aleatorios y al azar”.

“Estos mecanismos de selección de jueces imparciales ya habían sido avalados por el Tribunal Supremo para los casos electorales pero la pasada Administración eliminó dicho proceso objetivo en contra de la independencia judicial. Con esta medida, las partes en un pleito sabrán el método imparcial y automatizado utilizado para determinar el juez que examina su caso. Hoy, nadie conoce las razones o motivaciones para que determinado juez vea un caso en particular”, indicó en un comunicado.

Además, la Ley 120-2017 devuelve al pleno del Tribunal Supremo el poder de nombramiento de los miembros de la Comisión de Evaluación Judicial.

Por último, la Ley 120-2017 ajusta el marco de ley al derecho constitucional al devolverle la jurisdicción del Tribunal Supremo para ver recursos de certificación procedentes de foros inferiores.

“Esta facultad fue eliminada por la pasada administración pero el Tribunal Supremo ya decidió que era inconstitucional por constituir una intromisión en las funciones de la rama judicial. Nuevamente, estamos respetando esa independencia judicial que algunos pregonan solo cuando les conviene”, manifestó el portavoz de La Fortaleza.

El secretario se cuestionó "¿quién se puede oponer a que un caso lo vea un juez asignado mediante un mecanismo al azar e imparcial? ¿Qué motivo puede tener una persona para querer asignar los jueces que verán determinados casos de alto interés público? Estos proyectos dan transparencia a la Rama Judicial e incentivan la confianza del sector privado en nuestros procesos judiciales. Estos mecanismos se han implementado en el pasado sin atrasar el trabajo judicial”.

Sobre la ahora Ley 121-2017, Rosario explicó que esta legislación aumenta de 12 años a 16 años el término de los jueces superiores.

“Esta medida equipara el término de los jueces superiores al que ya tienen los jueces del Tribunal de Apelaciones para fomentar la carrera judicial y su independencia. Con términos más largos los jueces tendrán mayor independencia del proceso político de renominación y confirmación de jueces”, concluyó el titular de Asuntos Públicos.


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