Comisión de DDHH señala entes ambientales por vulnerar ecosistemas protegidos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación a entidades ambientales por “la indebida fundamentación y motivación en las autorizaciones emitidas para el desarrollo de proyectos que implican la perturbación o pérdida de ecosistemas protegidos”.
La institución se refirió al “desmonte y despalme de vegetación de humedal con presencia de diversas especies de flora protegidas por la normatividad ambiental” y la devastación del hábitat de fauna en el área del proyecto Tajamar, en el suroriental estado de Quintana Roo.
Esta agresión al medio ambiente afecta a especies protegidas como como los manglares y la palma chit, señaló en un comunicado.
La recomendación está dirigida al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano, y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro.
También al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alejandro Alonso Reyes, y al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba.
“Sin plena observancia de la legislación ambiental vigente y aplicable” los servidores públicos vulneraron el derecho a un ambiente sano, “además de incurrir en actos y omisiones que violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y al principio de legalidad”, afirmó.
La Comisión detectó irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la Semarnat.
Asimismo, advierte sobre el otorgamiento de permisos de chapeo y desmonte “en franca contravención” a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que favorecerían al Fonatur.
Para la CNDH, estas acciones son consideradas como una “omisión de medidas eficaces para garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, combatir los efectos del cambio climático, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”.
Por todo ello, recomendó a la Semarnat y al municipio de Benito Juárez diseñar e implementar un “Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica” con participación de la sociedad civil y Fonatur.
La Profepa y el citado municipio deberán incrementar la inspección y verificación en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre en terrenos con vegetación de humedal y, en especial, con presencia de manglares.
Además, Semarnat debe “rastrear e identificar resoluciones vigentes de los últimos cinco años en Quintana Roo que aprueben o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental y/o cambio de uso de suelo”.
De haber sido otorgadas sin acatar la normatividad vigente, deberán promoverse juicios de lesividad para que la autoridad correspondiente determine sobre su modificación o nulidad, señaló la CNDH.
Con ello, agregó, se espera la eliminación de prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares.
