Expertos de ONU piden a Senado mexicano rechazar proyecto de Ley de Seguridad
Un extenso grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el proyecto de Ley de Seguridad Interior que será sometido hoy a votación en el Senado mexicano “supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado”.
En una declaración conjunta, los expertos expresaron su preocupación por que la iniciativa da “un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre pasado, “carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”, explicaron.
El creciente papel de los militares, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, puede “provocar la repetición de violaciones de derechos humanos” como las registradas desde que las Fuerzas Armadas salieron a las calles a finales de 2006 para combatir los cárteles de las drogas, agregaron.
El grupo destacó que el proyecto “es ambiguo” y contiene una definición “excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta”.
Es “muy alarmante” que una iniciativa, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se realice de forma “precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos”, ONGs y entes internacionales.
Cualquier ley en esta materia de “hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”, indicó el grupo.
También, agregó, debe “prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos”.
Los expertos recordaron que los mecanismos de la ONU vienen recomendando desde hace años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Señalaron que hay “numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos”.
Los expertos y expertas de la ONU dijeron que “son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país” y agradecieron “la pronta respuesta” del Gobierno a sus preocupaciones.
Entre los firmantes están los relatores especiales sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci; sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard.
Asimismo, el relator sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, además de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Detención Arbitraria.
