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AI pide acción urgente para que Honduras investigue ataques a defensores DDHH

AI exhortó a la ciudadanía a enviar sus escritos antes del 23 de enero próximo al fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, y al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. EFE/Archivo

AI exhortó a la ciudadanía a enviar sus escritos antes del 23 de enero próximo al fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, y al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. EFE/Archivo

Amnistía Internacional (AI) lanzó hoy un llamado urgente para que la sociedad pida al Gobierno de Honduras una investigación “inmediata, exhaustiva e imparcial” de las redadas, la persecución y las amenazas que han sufrido defensores de derechos humanos y periodistas independientes.

AI recordó en un comunicado que ambos grupos han estado documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en las protestas por la falta de transparencia en el recuento de votos de las presidenciales del 26 de noviembre y el toque de queda impuesto el 1 de diciembre.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado “una serie de incidentes relativos a la seguridad, que incluyen amenazas y persecución de sus miembros, redadas ilegales y daños a sus instalaciones”, señaló.

Entre ellas, amenazas a miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, intentos de asalto a las oficinas de la Asociación LGBT Arcoiris, cuyo director fue amenazado de muerte, así como hostigamiento a integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El padre Ismael Moreno Coto, director de la emisora de radio independiente Radio Progreso, contó a AI que sus transmisiones en Tegucigalpa se habían visto interrumpidas debido a, según una inspección preliminar, un daño deliberado a una antena de radio.

Por ello, Amnistía llamó a los ciudadanos a escribir de inmediato a las autoridades hondureñas pidiéndoles que inicien “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las redadas ilegales, la persecución, las amenazas y los daños a instalaciones denunciados”.

Además, “que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia”, y que adopten medidas para “garantizar la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro”.

La organización destacó la necesidad de que el Estado de Honduras cumpla “con su obligación de proteger a estas personas, conforme se dispone en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

También pidió que las autoridades “reconozcan públicamente el trabajo legítimo de derechos humanos que llevan a cabo las personas que defienden estos derechos en el país”.

AI exhortó a la ciudadanía a enviar sus escritos antes del 23 de enero próximo al fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, y al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco.

La semana pasada, la agrupación defensora de los derechos humanos acusó al Gobierno de Honduras de desplegar tácticas “peligrosas e ilegales”, como arrestos y ataques, para silenciar a la población disidente tras los comicios.

Se está llevando a cabo un “mecanismo de control de las protestas para limitar el ejercicio de libertad de expresión”, dijo a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

Casi tres semanas después de las elecciones generales, los hondureños siguen en la incertidumbre porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha declarado al mandatario electo.

Tras los comicios, tanto el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, como el aspirante del gobernante Partido Nacional y presidente del país, Juan Orlando Hernández, se autoproclamaron presidente electo.

El registro definitivo en la página web del TSE dejó a Hernández con el 42,98 % de los votos y a Nasralla, quien acusa fraude electoral, con el 41,38 %.


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