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Apuntan al estatus colonial de Puerto Rico como escollo en la reforma fiscal de EE.UU.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. EFE/Archivo

El Gobierno de Puerto Rico y los líderes del Legislativo apuntaron hoy al que denuncian estatus colonial que sufre la isla como la causa de que sea considerada un territorio más de EE.UU. en la reforma fiscal de ese país, lo que entienden será desastroso para su economía.

El gobernador, Ricardo Rosselló, se reunió con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, además de otros funcionarios, para contar con una posición común de cara a la estrategia a llevar ante el Congreso en Washington, donde un comité de conferencias entre la Cámara baja y el Senado trata el asunto de la reforma fiscal.

El Ejecutivo de Ricardo Rosselló intenta que en el proyecto de la reforma fiscal del presidente Donal Trump se incluyan disposiciones que den a Puerto Rico un tratamiento especial.

La reforma tributaria del presidente Donald Trump tiene como objetivo que la actividad manufacturera retorne al país norteamericano para que crezca la economía, pero no tiene en cuenta que en el caso de Puerto Rico, como territorio foráneo fiscalmente, provocará una carga financiera para las compañías estadounidenses.

El motivo de alarma en Puerto Rico responde a que a efectos tributarios la isla es un territorio foráneo para Washington, aunque jurídicamente las empresas manufactureras que operan en el Estado Libre Asociado lo hacen bajo normativa estadounidense.

Rosselló dijo tras la reunión que la reforma fiscal, tal y como recogen los proyectos de Senado y Cámara de Representantes federal, “supondrá un impuesto adicional para la economía de Puerto Rico”.

“La reforma pone en peligro 250.000 empleos y entre un 22 y un 30 % del total de la recaudación” de impuestos, alertó Rosselló, para quien la aprobación de la reforma sin enmiendas para la isla sería “desastroso”.

“Aspiramos a tener un trato igual del que ahora no contamos”, subrayó Rosselló, tras denunciar que el problema tiene su origen en que Puerto Rico no tienen representantes con voto en el Congreso de EE.UU.

El presidente del Senado aseguró por su parte que todas las alternativas que ha presentado el Ejecutivo y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, son consistentes con el Plan para Puerto Rico y “no son incompatibles con los deseos de lograr que Puerto Rico sea admitido como un estado de EE.UU. como corresponde”.

“Todos reconocemos que la reforma fiscal es mala para Puerto Rico y que nuestra condición colonial ha puesto a la isla en una desventaja al punto de que quieren imponernos contribuciones que afectan severamente nuestra iniciativa económica”, aseveró Rivera Schatz.

“Los que creemos en la igualdad plena no podemos aceptar que en una condición de desigualdad se nos siga quitando y castigando”, dijo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, recalcó por su lado su rechazo a la imposición de una tributación de 20 % aprobada en la versión de la Cámara de Representantes federal del Proyecto de Reducción de Contribuciones y Trabajo de 2017, mejor conocida como la reforma fiscal.

“Vamos a ir todos a Washington para que llegue el mensaje al Congreso que nos tiene que tratar como ciudadanos americanos que somos. No pude haber desarrollo económico en la isla con este nuevo impuesto”, sostuvo.

“Vamos también a realizar cabildeo extremo para que se ejecute en el Congreso las recomendaciones del Grupo de Trabajo Congresional Bipartita para el Desarrollo Económico de Puerto Rico que dio a conocer en diciembre de 2016 un informe de 125 páginas que incluye una serie de medidas a tomarse para atender la crisis fiscal y fomentar la creación de empleos y el desarrollo económico sostenible”, dijo el presidente de la Cámara baja.

La comisionada residente en Washington -también participante en la reunión- subrayó por su parte que la reforma fiscal trata a Puerto Rico como un “ente colonial”, además de suponer, de hecho, imponer un impuesto de un 20 % a las empresas que afectará al desarrollo económico de la isla caribeña.

La reforma fiscal, a no ser que se introduzcan enmiendas para el caso de Puerto Rico, mantendrá a la isla, en términos tributarios, como un territorio foráneo, lo que hará que las empresas manufactureras encuentren mucho más oneroso mantener operaciones.

Supondrá imponer a las empresas estadounidenses tributar en EE.UU. el 14 % de las ganancias generadas fuera del país norteamericano y pagar además un impuesto del 20 % por las compras que hagan a sus afiliadas fuera de territorio nacional.


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