Premio Nacional DDHH 2017 pide no aprobar Ley de Seguridad Interior en México
El activista mexicano Miguel Álvarez Gándara recibió hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, en una ceremonia en la que instó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior y pidió a las autoridades que amplíen el diálogo en la materia y cambien una estrategia que no ha dado resultados.
La norma, que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, “significa darle a la emergencia la categoría de permanencia”, aseveró Álvarez, presidente de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Ante el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y otros funcionarios federales, el activista solicitó al Gobierno, Senado y partidos políticos que “profundicen el diálogo y la escucha”. “Por el bien del país, no se cierren”, remarcó.
Asimismo, animó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que, en “el deplorable caso que la ley fuera promulgada”, ejercite su capacidad reconocida por la Carta Magna para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad que abra el camino para su invalidez.
El activista argumentó que hay que enfrentar la violencia con otro concepto y estrategia de seguridad “que no se base en la guerra ni el uso de las fuerzas armadas”, sino en una visión integral vinculada a la paz y a los derechos humanos.
Señaló que el país lleva diez años siguiendo una estrategia -emprendida por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), en el marco de la llamada guerra contra las drogas- con la que se piensa que “más fuerza es igual a más seguridad”.
“Pero la realidad nos muestra lo contrario; más fuerza termina generando más muertos, ciudadanos atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades”.
Álvarez agregó que, además de un nuevo esquema de seguridad, México necesita tener como prioritario un “profundo enfoque de paz”, que conllevaría avances en otros campos, con atención especial a colectivos vulnerables como defensores de derechos humanos e indígenas.
En su intervención, el presidente de México reconoció que existen “distintos puntos de vista” respecto a la Ley de Seguridad Interior, y remarcó que el “reto” de la sociedad y Gobierno es “hacer compatible la actuación de las Fuerzas Armadas”.
Peña Nieto hizo un llamado al Senado para que “amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para escuchar todas las voces” y “enriquecer” el proyecto.
Junto con Álvarez, de quien se aplaudió su trabajo en la Comisión Nacional de Intermediación tras el levantamiento zapatista de 1994, también fue reconocida Lucía Díaz, fundadora del colectivo de búsqueda de desaparecidos Solecito y quien recibió una mención honorífica.
El Premio Nacional de Derechos Humanos está dotado con una medalla, un diploma y 250.000 pesos (13.202 dólares), de los cuales el activista anunció que donará una mitad al Movimiento por Nuestros Desaparecidos y el comité de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y la otra mitad a Serapaz.
