En riesgo 7.500 empleos en municipio al norte de P.Rico por reforma fiscal
Alrededor de 7.500 empleos están en riesgo de perderse en el municipio de Barceloneta, al norte de Puerto Rico, donde ubican decenas de industrias, entre ellas, farmacéuticas, si Estados Unidos aprueba la reforma fiscal que propone su presidente, Donald Trump.
Según dijo hoy en un comunicado de prensa la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, la reforma fiscal que propone Trump, pondrían en riesgo aproximadamente 2.500 empleos directos y otros 5.000 indirectos e inducidos.
“No cabildear contra el arbitrio y el establecimiento de contribuciones federales, es algo que nuestros hijos y nietos nos lo reclamarán”, sostuvo Soler Rosario.
Algunas de las industrias que operan en Barceloneta son las farmacéuticas Abbvie, Pfizer y Merck, y Frito Lay.
En el caso de las farmacéuticas, Puerto Rico es el quinto del mundo y tercero a nivel de biotecnología.
De acuerdo con expertos, la reforma fiscal provocaría una catástrofe económica en la isla, debido al previsible abandono de empresas ante el impacto de la medida, afectando a 70.000 trabajadores de manufactureras, cuyo sector representa una tercera parte de los recaudos del Gobierno de Puerto Rico.
El motivo de alarma en Puerto Rico responde a que a efectos tributarios la isla es un territorio foráneo para Washington, aunque jurídicamente las empresas manufactureras que operan en el Estado Libre Asociado lo hacen bajo normativa federal estadounidense.
El objetivo principal de la reforma tributaria del presidente Trump es que la actividad manufacturera retorne al país norteamericano y crezca la economía.
Soler Rosario dijo además que lleva varias semanas gestionando y coordinando reuniones e iniciativas, con el fin de que el municipio no se perjudique ante la inminente aprobación de la reforma fiscal.
De acuerdo con la alcaldesa, estos impuestos propuestos pueden repetir la historia de entre los años 1996 y 2006, cuando se eliminaron paulatinamente los empleos de la Sección 936.
En el año 1995 la manufactura empleaba 168.000 personas en Puerto Rico, 95.000 más de los que hay en el sector actualmente en la isla.
“Es importante que a Puerto Rico se le otorgue un trato especial, donde nos traten como domésticos en asuntos aduaneros y como foráneos en asuntos tributarios o de impuestos, de manera de que las empresas actuales y nuevas no tengan que pagar contribuciones federales, como en la actualidad”, exigió Soler Rosario.
La reforma fiscal impone a las empresas estadounidenses tributar en EE.UU. el 14 % de las ganancias generadas fuera del país norteamericano y pagar además un impuesto del 20 % por las compras que hagan a sus afiliadas fuera de territorio nacional.
El 20 % incluye a las ventas de los productos manufacturados por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), dentro de las que se incluyen las de Puerto Rico, cuando son adquiridos por sus matrices en EE.UU.
Además, el 75 % de las exportaciones de Puerto Rico corresponden a productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
La propuesta de Puerto Rico es que la reforma se apruebe luego en la Cámara de Representantes federal sin enmiendas para que reconozcan a la isla como otro estado cualquiera de EE.UU.
