Empresarios apoyan ley que regula papel de militares en tareas de seguridad
Los empresarios mexicanos expresaron hoy su respaldo a la Ley de Seguridad Interior, aprobada el jueves en la Cámara baja, y pidieron el fortalecimiento de las fuerzas del orden, tras las críticas a la iniciativa de las agrupaciones defensoras de derechos humanos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó en un comunicado que la aprobación de la iniciativa, que da “certidumbre jurídica” a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y a la inseguridad, es un “primer paso” para avanzar en materia de seguridad.
La participación de los militares “en tareas de seguridad ajenas a la defensa nacional no deben ser normalizadas, sino eficazmente reguladas”, a fin de proteger “los derechos de los ciudadanos y también los de las fuerzas del orden”, destacó.
La iniciativa establece que la aplicación de la ley le corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y que solo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas”.
Su intervención estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá de un año y únicamente podrá ser extendida por acuerdo presidencial si subsisten las amenazas que la motivaron.
Además, precisa que las movilizaciones de protesta social o de carácter político-electoral “que se realicen pacíficamente” bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
Los empresarios hicieron un exhorto al Senado para que apruebe sin dilación el proyecto legislativo en el actual periodo ordinario de sesiones.
“Esperamos que los legisladores logren también las reformas pendientes para establecer un pleno Estado de derecho y permitir un mayor crecimiento económico”, señalaron.
El CCE destacó la necesidad de seguir fortaleciendo el Estado de derecho, ya que es “una condición indispensable para alcanzar el desarrollo” y un crecimiento económico sostenido y más acelerado.
Por eso, llamó a continuar los esfuerzos de diálogo para perfilar “un modelo de policía coordinado y eficaz, así como a realizar los ajustes que requiera el nuevo sistema penal acusatorio para propiciar un marco de combate integral a la inseguridad”.
Los militares han asumido tareas de seguridad pública durante la última década desde que salieron a las calles en el marco de la guerra contra las drogas emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Amnistía Internacional (AI) aseguró que “este día quedará en la agenda como una jornada de retroceso de derechos”, ya que tener al Ejército en las calles es tener a un cuerpo castrense que no está capacitado para ejercer funciones de seguridad pública.
“Ello puede tener afectaciones en los derechos civiles y en la integridad física de personas”, lamentó Tania Reneaum, directora ejecutiva AI México.
El ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, afirmó que analizará la constitucionalidad de dicha ley, en caso de ser finalmente aprobada.
Según recoge un boletín de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), González Pérez mostró su preocupación por algunos de sus contenidos porque podrían implicar afectaciones a los derechos humanos o propiciar que se vulneren los mismos, y enfatizó en la necesidad de fortalecer las policías y el sistema de justicia.
