El Supremo evalúa un caso clave sobre privacidad y datos de celulares
El Tribunal Supremo evaluó hoy en una audiencia un importante caso sobre privacidad en la era digital, en el que los jueces deben determinar qué reglas debe seguir la Policía para vigilar a un ciudadano a través de su teléfono.
La mayoría de los nueve magistrados del alto tribunal parecieron inclinarse a favor de imponer mayores restricciones al Gobierno para proteger la privacidad de los estadounidenses.
La audiencia, de una hora y media, giró en torno a la cuestión de si la Policía debe obtener una orden de registro de un juez para acceder a los datos particulares de un teléfono móvil o si, por el contrario, puede pedírselos directamente a las compañías telefónicas.
El caso lleva el apellido de Timothy Carpenter, detenido en abril de 2011 por haber encabezado una banda de delincuentes que ese año y en 2010 robó hasta ocho tiendas de teléfonos en Detroit, aterrorizando a los empleados con armas y llevándose bolsas llenas de celulares.
Timothy Carpenter, conocido como “pequeño Tim” para distinguirle de su hermanastro el “gran Tim”, fue condenado a 116 años de prisión al ser considerado el “cerebro” de la operación criminal, el que había conseguido las armas y el que esperaba fuera de las tiendas en un vehículo, listo para emprender la huida.
Para condenarle a prisión, la Fiscalía pidió a las compañías de teléfono datos claves del celular de Carpenter que permitieron a la acusación conocer la ubicación del sospechoso durante 127 días y determinar que se encontraba cerca las tiendas que fueron atracadas.
En concreto, las autoridades pudieron saber la ubicación de Carpenter en 12.898 ocasiones gracias a su teléfono.
Actualmente, en base a una ley de 1986, la Fiscalía no tiene que probar que existe una “causa probable” contra un sospechoso para pedir a las compañías telefónicas sus datos y conocer dónde estaba en un momento determinado y acreditar así su posible relación con un crimen.
Los cuatro jueces progresistas, junto a los conservadores John Roberts y Neil Gorsuch, parecieron inclinarse a favor de Carpenter al argumentar que la ley de 1986 está anticuada y que, en el momento de su aprobación, no contemplaba la posibilidad de que un teléfono sea capaz de seguirle la pista a su dueño.
La jueza progresista, Sonia Sotomayor, de padres puertorriqueños, hizo algunas de las preguntas más incisivas e instó a sus compañeros de bancada a reconocer que el Gobierno no puede acceder a los datos de los celulares de sus ciudadanos en base a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege de los registros “poco razonables”.
“La gente quiere evitar el concepto de Gran Hermano, la idea de que el Gobierno puede seguirte en cualquier momento y saber dónde estás”, subrayó Sotomayor.
El caso ha generado revuelo en el país e importantes compañías tecnológicas, como Google, Facebook, Apple, Twitter y Microsoft, han llegado a presentar escritos ante el Tribunal Supremo para pedir que adapte las reglas actuales a las “realidades cambiantes de la era digital”.
