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Activistas lamentan que el Senado apoye la “máquina de deportación” de Trump

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Varias organizaciones pro derechos de los inmigrantes lamentaron que el Senado federal haya mostrado su apoyo a la “máquina de deportación” del presidente Donald Trump al proponer incrementar los presupuestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“En vez de rechazar la agenda racista de Trump, el Senado dio luz verde al presidente para seguir aterrorizando a las comunidades de inmigrantes mediante su máquina de deportación”, señaló en una conferencia telefónica Mary Small, directora de política de Detention Watch Network, una organización civil que lucha contra el sistema de detención y deportación de inmigrantes de Estados Unidos.

El proyecto de ley del Senado aumenta en más de un 10 % los fondos de la CBP para contratar a 500 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y financiar completamente la solicitud de Trump de construir un muro fronterizo, valorado en 1.600 millones de dólares.

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Además, la cámara alta propuso incrementar el presupuesto del ICE hasta los 6.700 millones para que el cuerpo migratorio pueda actuar en su “máxima capacidad”, apuntó la activista.

Small recordó que en 2017 se han dado ataques “sin precedentes” contra la comunidad inmigrante, desde la finalización de los programas de Acción Diferida (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países, hasta redadas “agresivas” para incrementar el número de deportaciones bajo la administración Trump.

Para el director de afiliaciones de United We Dream, Adrian Reyna, aumentar los presupuestos de estos dos cuerpos migratorios supone “otra pesadilla” para los inmigrantes residentes en zonas fronterizas de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

“Este tipo de acciones atemoriza y causa más dolor a una comunidad que está siendo atacada de manera continua por una agenda supremacista blanca”, agregó en la misma llamada el directivo de la red de protección de los derechos de los jóvenes “soñadores”.

Por su parte, el director de la Coalición de la Comunidad de la Frontera Sur (SBCC, en sus siglas en inglés), Christian Ramírez, consideró que este aumento de partidas no tiene sentido ya que las comunidades fronterizas son unas de las regiones “más seguras” del país, según datos federales.

De hecho, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en sus siglas en inglés) presentó en septiembre de este año un informe que concluyó que las ciudades fronterizas con México son menos peligrosas que muchas grandes metrópolis de la nación, como Washington DC, Detroit (Michigan) o Chicago (Illinois).

“La propuesta del Senado quiere añadir 500 agentes fronterizos en unas zonas ya militarizadas, en las que viven personas con miedo a ser deportadas y separadas de sus familias”, lamentó Ramírez.

Esta fue la cuestión en la que el reverendo Noeal Andersen, coordinador nacional del Church World Service, una organización ecuménica de derechos humanos y reasentamiento de refugiados, puso especial atención durante su participación en la conferencia.

“Tenemos la obligación moral de mantener a las familias unidas”, aseveró Andersen, que criticó que la administración Trump “continúe deshumanizado la sociedad estadounidense” a través de su política de deportación masiva.

Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en 2003, los fondos federales para CBP e ICE se han más que duplicado.

“Eso es dinero de los impuestos que se gasta en agencias que mienten regularmente, ocultan activamente información al público y toman represalias contra cualquiera que exprese una opinión contraria”, zanjó Small, del Detention Watch Network.

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