La OIT pide más esfuerzos para aplicar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclamó hoy más esfuerzos a los países de Latinoamérica para aplicar con las disposiciones de su Convenio 169, dedicado a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
En un foro regional celebrado en Lima sobre este norma, donde participaron representantes de trece países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, la OIT enfatizó la necesidad de fortalecer la capacitación y el diálogo.
El director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar, destacó que todavía subsisten en la región “importantes brechas en la implementación del Convenio 169 a causa de la debilidad institucional o el desconocimiento de los alcances de este instrumento.
“En el foro se ha reconocido que aplicar el convenio es complejo porque se trata de promover cambios estructurales y de gobernanza”, dijo Salazar.
Sin embargo, recordó que esta norma internacional “es un instrumento de protección de derechos, y al mismo tiempo es un instrumento de desarrollo, de políticas económicas y sociales”.
“El Convenio 169 es un sólido marco para lograr un desarrollo incluyente y sostenible, con los pueblos indígenas como actores y socios, en un escenario de respeto de sus derechos a la vez que se avanza con las inversiones que se requieren para el crecimiento económico y social y la creación de más empleos”, comentó Salazar.
La OIT destacó que el foro realizado en Lima esta semana es el primer paso en un proceso de intensificación del diálogo sobre esta norma internacional.
“Vamos a continuar con estas conversaciones, aseguró la directora del Departamento de condiciones de trabajo e igualdad de la OIT, Manuela Tomei, quien visitó la capital peruana para asistir a este encuentro.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT fue adoptado por los estados miembros de la Organización en 1989 y hasta ahora ha sido ratificado por veintidós países, quince de ellos latinoamericanos.
El elemento más polémico de aplicar es el proceso de consulta previa, que obliga a los estados a tener en cuenta la opinión y consideraciones de las comunidades nativas que se encuentran en el área de ejecución de los proyectos de inversiones concedidos por las autoridades estatales.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) citados durante el encuentro, en la región hay 826 pueblos indígenas que agrupan a más de 45 millones de personas, caracterizados por “una enorme diversidad”.
