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México reitera su condena por abusos y compromiso con medidas de la Corte IDH

Por México participó en la audiencia de la CorteIDH el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. EFE/Archivo

México reiteró su condena a la violencia sexual y tortura contra las 11 víctimas que acudieron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de sus denuncias de ultrajes a manos de policías en 2006.

Al participar en la vista, Norma Jiménez Osorio, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez y Angélica Patricia Torres solicitaron a la Corte que obligue al estado de México a “reconocer los hechos, investigarlos y que paguen los culpables”.

En comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, sobre esta visita en la Corte México reconoció la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

“México condena categóricamente los hechos de violencia sexual y tortura contra las 11 víctimas”, destacó el comunicado conjunto de las instituciones mexicanas.

Por México participó en la audiencia de la CorteIDH el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

El funcionario reiteró la condena de México a cualquier violación a los derechos humanos en su territorio y a cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres, señaló el comunicado conjunto.

Resaltó que desde marzo de 2013 se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos contra las 11 mujeres, ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2004 en San Mateo Atenco, en el estado de México.

Precisaron que ya se han tomado acciones para fortalecer las investigaciones, así como los procedimientos penales y administrativos del caso además de establecer medidas para la reparación de daño.

Detallaron que han sido consignados ante las autoridades de justicia 52 personas, entre ellas policías, médicos y un agente del Ministerio Público por “delitos de tortura y encubrimiento de tortura”.

El Gobierno puso a disposición de las víctimas un fondo especial de atención creado para este caso, el cual incluye apoyo médico, psicológico, educativo y una compensación económica, el cual no sido aceptado por las víctimas, recordaron.

“El Estado es plenamente respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reitera su ofrecimiento de aplicar estas medidas de reparación si las víctimas así lo deciden”, aseguraron.


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