Ley colectora de datos policiales en California busca generar confianza
A partir de julio del próximo año, las nueve agencias de autoridad más importantes de California deberán aplicar la Ley AB 953, Racial e Identity Profiling Act (RIPA), que exige a los oficiales recolectar datos de las detenciones o paradas realizadas en el ejercicio de su trabajo, anunció hoy el Procurador General, Xavier Becerra.
“Este nuevo proceso de recopilación de datos e informes de RIPA pretende fortalecer, y en algunos casos reparar, la confianza en las autoridades”, dijo en un comunicado Becerra.
El Departamento de Justicia de California (DOJ-CA) entregó los reglamentos de aplicación de la medida aprobada y firmada en 2015.
La Ley busca que los agentes recolecten datos específicos de las detenciones o paradas, los motivos y el resultado de estas acciones, y datos de la persona detenida como genero, raza, edad y dominio del inglés
La información deberá ser entregada al DOJ-CA para su posterior análisis.
Una junta asesora establecida por la misma legislación analizará la información presentada por las agencias y dará recomendaciones en los casos en que se detecte que las autoridades están aplicando un perfil racial específico en sus acciones.
La normativa se logró después de considerar centenares de comentarios orales y escritos de partes involucradas, como las mismas autoridades y defensores de la comunidad.
La asambleísta Shirley Weber, autora de la ley, aseguró que “con estas reglamentaciones se tendrán datos para comprender el alcance del problema de sobre vigilar a las minorías y personas de color, una práctica que desperdicia recursos, engendra desconfianza y compromete la seguridad pública del estado”.
Las regulaciones establecidas para RIPA le enseñarán a las agencias y a sus oficiales instrucciones claras con respecto a qué datos informar sobre paradas, y la logística de cómo y cuándo reportar estos datos.
Líderes comunitarios como Rosa Cabrera, directora legislativa de la Coalición PICO California, están esperando la implementación de la medida que promete ayudar a la comunidad hispana.
“La AB 953 es lo mínimo que podemos hacer para enfrentar la crisis con la que nos encontramos cuando se refiere a la actuación sesgada de la policía y el trato desigual de la gente ‘de color’”, declaró la activista de la coalición que representa a unas 480 congregaciones de fe.
Aunque la Asociación de Jefes de Policía de California expresó en 2015 ciertas preocupaciones sobre la ley, Becerra logró incluir a estos agentes en la discusión y hacerlos parte de la medida.
“RIPA y las regulaciones recientemente aprobadas es otra herramienta para asegurar que nuestros oficiales continúen brindando una política justa e imparcial a las comunidades a las que servimos”, dijo por su parte Edward Medrano, copresidente del Consejo Asesor y Presidente de RIPA de la Asociación de Jefes de Policía de California.
