Decepción y enfado por la decisión sobre el TPS a hondureños y nicaragüenses
Activistas e inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) mostraron hoy su decepción por la decisión del Gobierno de EE.UU. de poner fin a la protección para nicaragüenses y extender solo seis meses la de los hondureños.
La beneficiaria del TPS Guiselle Martínez, de 43 años y quien emigró en 1994 a EEUU desde su natal Tegucigalpa, dijo a Efe que “es triste la decisión del gobierno”, porque en este caso no se sabe si es estar “igual o peor” que antes.
“No es una extensión, sino una prórroga, porque no sabemos si van a dar la extensión después de seis meses”, lamentó esta empleada de conserjería en edificios de Los Ángeles. “Como madre de familia de cuatro emocionalmente sigo peor, porque para mí no es un alivio”.
Para la hondureña, es un día “triste” tanto para ellos como para sus “hermanos nicaragüenses”, pues sus familias quedarán rotas con estas “políticas inhumanas”.
El TPS para Honduras, del que se benefician 86.163 personas, quedó extendido hasta el 5 de julio de 2018, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. anticipó que es posible que termine al final de ese plazo, con su debido retraso.
El de Nicaragua verá su fin el 5 de enero de 2019 para “permitir una transición ordenada” de sus beneficiarios para que puedan solicitar “un estatus alternativo” o para que “preparen su regreso y reintegración” a su país.
En 1998, el huracán Mitch asoló Centroamérica y los dos países más afectados fueron Honduras y Nicaragua, lo que llevó al gobierno estadounidense, con Bill Clinton en la Casa Blanca, a aprobar el TPS para inmigrantes de esas dos naciones.
Cecilia Rodríguez, representante de la Asociación de Hondureños en Los Ángeles (AHLA), se preguntó cómo es posible que haya diferentes decisiones si el huracán Mitch “destruyó igual los dos países”.
“Esa es una confusión del gobierno”, aseguró la líder hondureña en declaraciones a Efe.
Por su parte, Leoncio Velásquez, presidente de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA), dijo a Efe que esperaba esta decisión y que lo que deben hacer es “seguir luchando” y presionar a los congresistas para “lograr la residencia permanente”.
En caso de que el Congreso no apruebe ninguna medida que les dé un estatus migratorio permanente, los nicaragüenses beneficiarios del TPS tendrán que volver a su país de origen o convertirse en inmigrantes indocumentados a riesgo de ser deportados.
Otros que se encuentran a la espera son los alrededor de 260.000 salvadoreños acogidos a este programa especial para aquellos que no pueden regresar a su país por catástrofes naturales o conflictos armados en curso.
Su plazo vence el 9 de marzo y la decisión sobre si se renovará se debe conocer al menos 60 días antes, por lo que la Casa Blanca deberá pronunciarse al respecto a más tardar a principios de enero.
Dos terremotos afectaron El Salvador en 2001 y, bajo orden ejecutiva, el entonces presidente George W. Bush les otorgó TPS.
El salvadoreño Miguel Ángel Rivera, de 70 años, dijo a Efe que si el gobierno de Trump deporta a los “tepesianos”, como se conoce popularmente a los amparados bajo este programa, está haciendo al “mismo tiempo daño” a EEUU por la aportación económica y social de esta comunidad.
Tras esperar todo el día la decisión de la Casa Blanca en el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN-Los Ángeles), este poseedor del TPS indicó que esta situación tiene a los salvadoreños “con miedo y desesperados”.
Por ello, Rivera pidió que “se transforme el TPS en residencia permanente”.
El impacto de una decisión negativa puede ser enorme para los posibles afectados centroamericanos, de los cuales el 22 % llegó al país en la infancia, según cifras del Concilio Estadounidense de Inmigración (AIC, por su sigla en inglés).
De los tres países centroamericanos, el 61 % tiene hijos, que juntos suman “aproximadamente 273.000 niños” nacidos en EEUU, indica el AIC.
