Junta Gobierno de eléctrica de Puerto Rico rechaza nombramiento de entidad control
La Junta de Gobierno de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) rechazó el nombramiento por parte de la entidad de control federal al Ejecutivo de Puerto Rico de un administrador para esa energética estatal, lo que deja abierta la puerta a un nuevo enfrentamiento institucional.
El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario, anunció en conferencia de prensa el rechazo, acordado hoy, de la Junta de Gobierno de la AEE al nombramiento, que catalogó de “innecesario e injusto”.
La media tomada por la Junta de Gobierno de la primera compañía de Puerto Rico, que arrastra una deuda impagable de cerca de 9.000 millones de dólares, sigue a la decisión de Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al ejecutivo que establece una normativa federal aprobada en junio de 2016 por el Congreso en Washington.
El Congreso de EEUU aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una norma con la que se trata de dar solución a la imposibilidad del Ejecutivo de la isla de asumir un pago de una deuda de 70.000 millones de dólares y de sus corporaciones, entre ellas la AEE.
“Legalmente además no tiene cabida”, aseguró Rosario, quien dijo no saber cuál es el papel que hayan podido tener los acreedores de la AEE en el nombramiento de Zamot.
La JSF anunció el miércoles pasado que Zamot será el nuevo administrador de emergencia de la AEE de forma interina, lo que significa que supervisará el desembolso de fondos en la compañía estatal y, además, negociará acuerdos para el restablecimiento de la infraestructura eléctrica, destrozada tras el paso del huracán María el 20 de septiembre.
El representante del Gobierno de Puerto Rico ante la JSF, Christian Sobrino, aseguró que además de tratarse de una medida irresponsable provocará incertidumbre sobre quién gestiona realmente la compañía pública.
“Desconocemos los intereses de la JSF con este nombramiento, pero es innecesario y no conforme a la ley”, subrayó Rosario.
Sostuvo que hoy le a tocado a la AEE, pero que lo mismo -la imposición de un gestor- puede pasar cualquier día con otra empresa estatal o la misma Hacienda de Puerto Rico.
“La Junta -JSF- no participó en ningún ejercicio democrático”, indicó el funcionario para dar a entender que es el Gobierno elegido por el pueblo puertorriqueño el único con potestad para dirigir una compañía estatal como la AEE.
El nombramiento de Zamot, que ostenta el cargo además de oficial de revitalización en la JSF, ha sido interpretado por el Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló como una injerencia e intento de manejar los fondos millonarios que llegarán a la compañía desde Washington para afrontar la reconstrucción de las infraestructuras de la isla, en especial la eléctrica.
La lucha institucional que se levanta entre la JSF y el Gobierno se produce en el momento en que ha crecido la polémica sobre los contratos otorgados por la AEE en el inicio del proceso de reconstrucción del sistema eléctrico.
La controversia ha acompañado toda la atención informativa de esta semana sobre el contrato de 300 millones otorgado a la compañía estadounidense Whitefish, una empresa que hasta el momento solo había conseguido en toda su trayectoria hacerse con un proyecto de poco más de 1 millón de dólares.
El gobernador Rosselló dejó claro que se investigará el asunto y que se si ha incurrido en alguna irregularidad se pagará caro.
La deuda de la AEE está bajo un proceso de reestructuración ordenado y supervisado por un tribunal federal al amparo del Título III de Promesa.
