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El Gobierno mexicano no aportó nuevos datos en la sesión de la CIDH, dicen los familiares de Ayotzinapa

Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa, fue registrado este martes, durante una rueda de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE

Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa, fue registrado este martes, durante una rueda de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE

Representantes de las familias de los 43 estudiantes mexicanos de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se reunieron hoy en Montevideo con representantes de la CIDH y del Gobierno mexicano, al que acusaron de no brindar nuevos datos que aporten indicios sobre dónde se encuentran los jóvenes.

La reunión se dio en el marco del 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en la capital uruguaya y en la que se citó a ambas partes para debatir y verificar los avances en las investigaciones relacionadas al hecho.

“Por el Estado mexicano no obtuvimos más información adicional que nos de una pauta de dónde están los estudiantes o algunos avances (...) lo que nos dieron es un conjunto de datos ya dados en audiencias anteriores”, dijo a Efe el abogado de la agrupación de familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.

Por su parte, a través de un comunciado, el Estado mexicano informó de que la delegación oficial que participó en esta audiencia pública comunicó los avances más recientes en torno a las medidas cautelares de la CIDH para el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero, mientras viajaban en autobuses a Ciudad de México para una manifestación, desde entonces, no hay certeza de qué pasó con ellos.

La versión oficial del Gobierno de México, bautizada como “verdad histórica”, sostiene que los jóvenes fueron entregados por agentes corruptos de la Policía a miembros del crimen organizado, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, pero esta versión fue “echada por tierra” por la CIDH.

Según explicó Rosales en conferencia de prensa, la CIDH creó en 2015 un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que acompañó la investigación del caso entre marzo de 2015 y abril de 2016, cuando el Gobierno mexicano decidió que no prosiguieran con su tarea, tras haber contradicho con sus pesquisas el relato oficial.

En lugar de ello, la CIDH decidió crear “un mecanismo especial de seguimiento” en el que se supervisa la investigación con visitas a México y con reuniones entre las partes en cada sesión de la Comisión fuera del país centroamericano.

“Todo el conjunto de datos que (el Gobierno) pone sobre la mesa hoy en día no ofrecen una perspectiva de dónde se encuentran los estudiantes, no hay el menor indicio”, subrayó Rosales.

Asimismo, el representante jurídico de los familiares señaló que desde la agrupación exigen que se investigue a la Policía del Municipio de Iguala, así como al Ejército mexicano que, según afirman, estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes.

“El posible motivo de la detención de los estudiantes habría sido el trasiego de droga que llevaba a cabo Guerreros Unidos (grupo criminal mexicano) con policías del municipio de Iguala”, agregó el abogado.

Además, Rosales consideró que el Estado quiere encubrir y darle impunidad a los responsables y acusó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de no querer avanzar en las investigaciones hasta las elecciones de 2018, para que no existan “costos políticos”.

“Lo sustantivo es que la Comisión siga dándole seguimiento al caso, que siga supervisando y acompañando para que los padres no se encuentren solos ante el Estado mexicano que se ha encargado de poner nubarrones a la situación”, añadió.

Por otra parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, estuvo presente en la conferencia y dijo que no entiende la postura de su Gobierno, ya que pareciera que para ellos “la vida de la gente no importa”.

“La CIDH sigue con nosotros apoyándonos hasta llegar a la verdad. Aquí hace falta mucha voluntad política de parte del Gobierno mexicano, no puede ser posible que a 37 meses no se tenga si quiera una pista de dónde pudieron estar nuestros hijos”, manifestó Navarrete.

“Como mexicanos estamos peleando con el propio Gobierno, que supuestamente te representa pero es el que te está desapareciendo y privando de la libertad”, añadió.

En tanto, Blanca Luz Nava, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, dijo que vinieron a Uruguay para escuchar “nuevamente las mentiras” del Gobierno mexicano, ya que no hay “ni una pista” que los acerque a sus hijos.

“Nos da muchísima tristeza porque el gobierno está para apoyarnos y buscar a nuestros hijos no es justo que una madre esté sufriendo tanto por no encontrar a su hijo”, subrayó.

Además, afirmó que no descansará hasta encontrar a su hijo y sus 42 compañeros y lo que buscan es “verdad y justicia”.


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