Defensa de caso Steinle trata de probar que la muerte fue accidental
La defensa del indocumentado mexicano que mató a Kathryn Steinle en San Francisco, un caso que generó enormes críticas a las “ciudades santuario”, alegó hoy al iniciarse el juicio que se trató de un accidente y que el acusado no disparó intencionadamente contra la joven.
José Inés García Zárate, de 54 años, enfrenta desde hoy un juicio que le podría representar cárcel de por vida por la muerte de la joven de 32 años.
El abogado defensor, Matt González, dijo a los medios que existe un vídeo que ayudará a demostrar que la muerte de Steinle fue accidental, aunque explicó que las imágenes fueron tomadas “desde aproximadamente un cuarto de milla y no son claras”.
“Él no sabía que el objeto que tenía en sus manos era un arma”, dijo hoy a la audiencia el defensor, quien afirmó que el inmigrante, originario de Guanajuato (México), “no tiene responsabilidad criminal”.
La muerte de Steinle, ocurrida el 1 de julio de 2015, ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública con respecto a las políticas de “ciudades santuario”, como se conoce a aquellas en las que las autoridades locales no colaboran con los requerimientos de las agencias federales de inmigración.
El caso se asoció entonces con el laxo control de la inmigración ilegal e incluso se considera uno de los factores que contribuyó al triunfo del actual presidente Donald Trump.
El caso de García Zárate, quien inicialmente fuera identificado como Juan Francisco López Sánchez, terminó convertido en un tema de campaña en las elecciones presidenciales de 2016.
Donald Trump dijo que la muerte de Steinle era una razón para endurecer las políticas de inmigración.
La estadounidense Kathryn Steinle paseaba con su padre por el Muelle 14, un lugar turístico de San Francisco cuando una bala le perforó la vena aorta.
García Zárate, que se declaró no culpable de la acusación de asesinato en segundo grado, alegó que había encontrado el arma envuelta en una camiseta bajo un banco en el muelle.
El arma había sido sustraída del vehículo de un agente de la Oficina de Gestión de Tierras el 27 de junio de 2015.
En unas declaraciones previas, el abogado González anunció que igualmente buscará demostrar que la pistola, una Sig Sauer calibre 40, se dispara fácilmente, algo que en audiencias preliminares la fiscalía refutó con la declaración de un experto.
En el momento de la muerte de la joven, el indocumentado gozaba de libertad condicional en Texas y en su historial constaban siete delitos graves.
En 1993 fue condenado tres veces en el estado de Washington por posesión de heroína y elaboración de narcóticos.
Luego de otra condena por drogas y de cumplir un período en la cárcel, esta vez en Oregón, las autoridades de inmigración lo deportaron en junio de 1994.
No obstante, regresó y fue condenado dos años después por posesión de heroína en el estado de Washington y deportado por segunda vez, en 1997.
El 2 de febrero de 1998 fue deportado por tercera vez.
Seis días después lo detuvo la Patrulla de Fronteras y un juez federal lo condenó a cinco años y tres meses de prisión por reingreso no autorizado al país.
En 2003 ocurrió su cuarta deportación. Sin embargo, reingresó al país a través de la frontera con Texas y fue detenido nuevamente por autoridades federales.
Luego de estar en la cárcel, volvió a ser deportado en junio de 2009.
Tres meses más tarde, López Sánchez fue capturado nuevamente intentando cruzar la frontera en Eagle Pass, Texas, y se declaró culpable del grave delito de reingreso.
El 26 de marzo de 2015, por requerimiento del Departamento Alguaciles de San Francisco, la Oficina de Prisiones (BOP) lo entregó a las autoridades de esa ciudad por una orden de arresto por drogas.
La orden era de 20 años atrás, por lo que las autoridades de San Francisco no la hicieron cumplir.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención pidiendo que fuera mantenido en custodia para que las autoridades de inmigración lo pudieran detener.
No obstante, debido a que San Francisco se acoge a las políticas de “ciudad santuario”, las autoridades de la ciudad no cumplieron con la solicitud del ICE y lo dejaron en libertad el 15 de abril de 2015.
Una encuesta de este año firmada por Pulso Investigación de Opinión, para la que se entrevistó a 1.000 votantes registrados, halló que un 24 % opina que no se debe admitir ningún inmigrante nuevo al país y un 22 % considera que 250.000 es un número adecuado.
Para un 9 % la cifra es un millón y medio o más y un 14 % no tuvo una respuesta al respecto.
