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Una corte evalúa si Trump debe permitir el aborto de una menor inmigrante

Un tribunal de apelaciones celebró hoy en Washington una audiencia para evaluar si el Gobierno de Donald Trump debe permitir el aborto de una menor indocumentada de 17 años que está embarazada de 15 semanas y se encuentra recluida en un centro de detención para inmigrantes. EFE/Archivo

Un tribunal de apelaciones celebró hoy en Washington una audiencia para evaluar si el Gobierno de Donald Trump debe permitir el aborto de una menor indocumentada de 17 años que está embarazada de 15 semanas y se encuentra recluida en un centro de detención para inmigrantes. EFE/Archivo

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ordenó hoy al Gobierno de Donald Trump que permita abortar a una menor indocumentada embarazada de 15 semanas que está recluida en un centro de detención para inmigrantes en Texas.

En una decisión unánime, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia dio, sin embargo, hasta el 31 de octubre al Gobierno para que encuentre un tutor para la menor y que pueda así salir en libertad y practicar el aborto.

La adolescente, de 17 años e identificada como “Jane Doe” para proteger su identidad, fue detenida el 7 de septiembre en la frontera entre México y Estados Unidos.

Los jueces ordenaron este jueves detener el aborto de la menor y pusieron en suspenso la orden de otra magistrada de la Corte del Distrito de Columbia, que había ordenado al Gobierno que respetara la decisión de la menor e hiciera los arreglos oportunos para que pudiera abortar este viernes o el sábado.

La adolescente, identificada como “Jane Doe” para proteger su identidad, obtuvo el 25 de septiembre el permiso de un juez de Texas para abortar, pero los funcionarios que rigen el centro de detención donde está recluida, en Brownsville (Texas), se negaron a llevarla a un centro médico para obtener el procedimiento.

Durante la audiencia de hoy, el Gobierno defendió que no está impidiendo a la menor decidir sobre el fin de su embarazo, un derecho que el Tribunal Supremo reconoció en 1973 al determinar que el Estado no puede interferir en la decisión de la mujer ni imponer “cargas excesivas” para dificultar el aborto.

“El Gobierno no está imponiendo ningún tipo de obstrucción al aborto, no está imponiendo ninguna carga excesiva. Lo que está haciendo es no facilitarlo”, defendió al fiscal Catherine Dorsey.

De esa forma, Dorsey argumentó que el Gobierno no está vulnerando los derechos de la menor porque le ofrece dos opciones: volver al país del que ha huido para obtener un aborto u obtener la custodia de un tutor para que pueda ser liberada del centro de detención y, entones, poner fin a su embarazo.

“Simplemente no queremos facilitar el aborto, pero no lo estamos impidiendo”, aseguró Dorsey.

Los jueces formularon numerosas preguntas a las partes para ver si es posible que la menor sea liberada del centro de detención y quede bajo custodia de un tutor, lo que le permitiría poner fin a su embarazo y evitaría el conflicto con el Gobierno, que entonces no tendría que “facilitar” el aborto.

Según la abogada de la menor, Brigitte Amiri, varios tutores se han ofrecido para cuidar de la menor, pero el Gobierno los ha rechazado, impidiendo así el acceso al aborto.

La propia representante del Gobierno, Dorsey, reconoció que el proceso para liberar a una menor de un centro de detención puede llevar tiempo porque los tutores tiene que pasar una serie de controles de seguridad, entre los que se incluye, por ejemplo, visitas a sus casas y revisión de los antecedentes penales.

No obstante, dijo que, en este caso, podría hacerse “con relativa rapidez”, aunque rechazó dar datos más concretos.

El tiempo es un factor muy importante porque la menor está embarazada de 15 semanas y las leyes de Texas establecen que una mujer solo puede abortar antes de que se cumplan las 20 semanas de embarazo.

Las leyes de Texas, uno de los estados más conservadores de EEUU, también determinan que la mujer solo puede abortar cuando hayan pasado 24 horas de los consejos recibidos por un doctor.

La adolescente ya ha recibido los consejos de un doctor, por lo que podría abortar este mismo sábado.

Los detalles sobre la identidad de la menor se encuentran bajo secreto de sumario, pero hoy durante la audiencia la fiscal indicó que su país de origen no permite el aborto.

El caso ha ganado relevancia a nivel nacional por las consecuencias que podría tener para futuras adolescentes que viven en los centros de detención, donde las autoridades retienen a los inmigrantes que cruzan la frontera de manera irregular o los extranjeros que comenten crímenes y son deportados.

Un grupo de cuatro senadores demócratas, liderados por Bob Menendez, el latino de mayor rango en el Senado, envió hoy una carta al secretario en funciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Eric D. Hargan, para exigirle que permita el aborto de la menor.

“Estas jóvenes a menudo enfrentan traumas y peligros inimaginables al venir a este país huyendo de situaciones violentas en sus países de origen”, sostienen los senadores en su misiva, en la que piden al Gobierno que cumpla con su deber constitucional y permita abortar a la menor.

Dirigen su carta al Departamento de Salud y Servicios Humanos porque esa es la institución dentro del Gobierno que se encarga de la custodia de los menores que llegan de manera irregular a EEUU.


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