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Renuncia de fiscal mexicano, enmarcada en exigencia de nuevo órgano autónomo

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El procurador general de México, Raúl Cervantes, renunció al cargo para avanzar en la instalación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que organizaciones y oposición exigieran transparencia y autonomía en el nacimiento del nuevo organismo.

Al anunciar su dimisión en un acto con la Junta de Coordinación Política del Senado, el hasta ahora titular de la Procuraduría General de la República (PGR) destacó que el país necesita finalizar sus reformas en Justicia para ayudar a “una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”.

La PGR anunció que el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, tomará su lugar, tal y como lo contempla la legislación.

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“Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes”, señaló hoy Cervantes.

Y es que el temor de organizaciones civiles mexicanas, quienes pusieron en marcha la campaña #FiscalíaQueSirva, era que pudiera llegar a darse un “pase automático” que permitiera al fiscal ocupar el nuevo cargo de titular de la FGR, con vigencia para nueve años.

Esto, de acuerdo con las asociaciones, rompería con la idea de autonomía que debería regir en la institución de justicia, ya que Cervantes está vinculado al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo para transformar la PGR en una Fiscalía autónoma, en el marco de una reforma política impulsada ese mismo año, pero aún falta el visto bueno del Senado.

Además, su titular es la figura clave del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instalado a principios del pasado abril y compuesto por siete instituciones autónomas con el objetivo de acabar con uno de los males endémicos del país.

“No podemos ir más rápido, ni ser más eficientes, si no hacemos ya la transición a un nuevo esquema institucional que asegure, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad”, sentenció Cervantes ante los senadores.

Ante la posibilidad de ocupar el cargo de nuevo fiscal, defendió que no tiene “ninguna aspiración”, más allá de “servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada” a México.

Desde la oposición, el presidente del Consejo Nacional del izquierdista Partido de la Revolución Democrática Ángel Ávila dijo que la renuncia de Cervantes es el resultado de “la insistencia” del Frente Ciudadano por México, conformado por el PRD y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Ávila consideró que se debe iniciar un “proceso abierto, transparente y democrático” para nombrar al próximo fiscal general, y que las organizaciones de la sociedad civil han de participar en este.

“Ante salida de Raúl Cervantes, reiteramos nuestra exigencia: el fiscal general debe de ser apartidista, autónomo y con solvencia moral probada”, apuntó en su cuenta de Twitter el presidente del PAN, Ricardo Anaya.

Desde hace un año, la campaña #FiscalíaQueSirva -apoyada por organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, activistas, empresarios e intelectuales-, pide que el nuevo organismo no mantenga los “vicios” de su antecesora y sea “eficaz para combatir la impunidad”.

En el manifiesto de la campaña, remitido al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se aboga por que la nueva FGR comience “desde cero” y no se pierda una “oportunidad histórica de construir una institución eficaz, creíble y capaz de combatir la impunidad”.

Cervantes, el tercer procurador general en la administración de Peña Nieto (2012-2018), fue propuesto hace un año en sustitución de Arely Gómez, cuestionada por el manejo de la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y por la fuga del exgobernador de Veracruz Javier Duarte (PRI), quien meses después fue detenido en Guatemala.

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