El estado mexicano Sinaloa vulneró DD.HH. de desplazados, según Comisión
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México emitió hoy una recomendación dirigida a las autoridades del noroccidental estado de Sinaloa por no haber protegido a 2.038 personas víctimas de un desplazamiento forzado interno en 2012 causado por la violencia de los grupos criminales.
En un comunicado, la institución afirmó que, tras una investigación, pudo acreditar que “diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado”, y a pesar de eso no tomaron medidas “para brindarles seguridad y protección”.
La recomendación está remitida al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, el fiscal general del estado, Juan José Ríos, y los presidentes municipales de los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix.
En Sinaloa de Leyva, más de 600 familias -1.475 personas- fueron desplazadas en 2012, situación similar a la que vivieron 563 habitantes de Choix.
Con sus omisiones, asegura la CNDH, las autoridades vulneraron los derechos humanos de estas personas a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros.
Además, las defensoras de las familias sufrieron “persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa”, según denuncias presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Ante esta situación, la CNDH pidió al Gobierno estatal y a los municipales que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a los desplazados condiciones dignas de vida y les ayude a restablecer sus medios de subsistencia.
Solicitó que realicen un censo que confirme el número de personas desplazadas en los dos municipios durante 2012, y que se garantice que puedan tener acceso a los beneficios contemplados en la Ley General de Víctimas y que cuenten con toda la información necesaria.
La Comisión también recomendó analizar la pertinencia de presentar una iniciativa de ley en el Congreso del estado para prevenir los desplazamientos forzados y mejorar las medidas de protección de estas personas, y que la fiscalía de Sinaloa investigue los delitos denunciados por los afectados.
