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Gobierno mexicano demanda a la firma Rivada por difamación y daño moral

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La Secretaría (ministerio) de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México informó hoy que presentó una demanda por daño moral en contra del consorcio Rivada Network y su presidente, Declan Ganley, ante el Poder Judicial de la Federación.

“La demanda se interpuso como respuesta a la campaña de desprestigio que Rivada y su presidente iniciaron después de su legal descalificación en el concurso de la Red Compartida”, señaló la SCT.

La institución consideró que “la campaña de descrédito afecta su decoro, prestigio y reputación”, y de acuerdo a información de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) es la primera vez que una dependencia federal presenta una demanda por daño moral.

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La finalidad de la demanda tiene tres objetivos: que el juez de distrito ordene cesar la campaña de desprestigio, que Rivada pague una “importante indemnización” por su conducta ilegal, y que el juez obligue a Rivada a publicar en los medios de comunicación y redes sociales “la aclaración por sus comentarios falsos e insidiosos”.

“Con la certeza de que la demanda está sólidamente fundamentada en la ley y conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCT prevé obtener un resultado favorable”, concluyó el boletín.

En diciembre pasado, la SCT anunció también que emprendería acciones legales contra la firma Rivada en EE.UU., después de que acusara a otra empresa de utilizar información confidencial para ganar el concurso por la red pública compartida de telecomunicaciones.

El consorcio Altán, en el que participan las mexicanas Axtel y Megacable, fue nombrado el pasado 17 de noviembre ganador del concurso, unos días después de que Rivada fuera descalificada por no haber entregado, según la SCT, “la garantía de seriedad por un monto equivalente a 1.000 millones de pesos (unos 49 millones de dólares)”.

La estadounidense Rivada presentó una demanda contra el fallo ante la Justicia mexicana y promovió otras acciones legales en el país vecino, con las que intenta demostrar que el grupo Altán “utilizó información confidencial” para elaborar la propuesta.

La SCT defendió que “las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”.

Al ganar el concurso -en el que fue el único grupo en competencia-, Altán será el responsable de instalar y operar la red compartida, que busca acelerar la disponibilidad y el acceso a servicios de banda ancha en todo el país.

La red, que se espera empiece a operar en 2018 y requerirá de inversiones por 7.000 millones de dólares, será mayorista, ya que comercializará capacidad, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a concesionarios y comercializadoras y no a los usuarios finales.

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