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Alguacil del mayor condado de Texas resistirá medidas migratorias de Trump

Para Ed González, titular de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el más grande de Texas y el tercero más populoso del país, las políticas antiinmigrantes del presidente estadounidense Donald Trump representan una realidad política que su institución piensa resistir. EFE/ARCHIVO

Para Ed González, titular de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el más grande de Texas y el tercero más populoso del país, las políticas antiinmigrantes del presidente estadounidense Donald Trump representan una realidad política que su institución piensa resistir. EFE/ARCHIVO

Para Ed González, titular de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, el más grande de Texas y el tercero más populoso del país, las políticas antiinmigrantes del presidente estadounidense Donald Trump representan una realidad política que su institución piensa resistir.

“Esas son las consecuencias que arrojan las elecciones y los líderes que escogemos, pero, como lo dije durante mi campaña política, me mortifica la perspectiva del presidente porque sus decisiones podrían afectar las que yo tome a nivel local”, señala en entrevista con Efe González, que asumió el cargo a principios de año.

En este sentido, García asevera que seguirá firme en su promesa de revertir los estragos que ha causado la implementación del programa 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias locales del orden y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Trump alabó la eficacia de este programa durante la campaña y dijo que lo “expandiría y revitalizaría”, al igual que otro denominado Comunidades Seguras, que el presidente restauró esta semana y que desde 2008 y durante seis años deportó a decenas de miles de indocumentados.

“Como candidato tuve una perspectiva lejana sobre el programa -287 (g)-, pero ahora ya dentro de mis funciones continúo en ese proceso de inmersión sobre ciertos puntos que tienen que ver con el arresto de personas por delitos menores”, señala el alguacil del condado de Harris, donde se asienta Houston y que cuenta con una población de más de 4.337.000 habitantes.

González criticó durante su campaña electoral a su antecesor, el republicano Ron Hickman, que tomó la decisión de renovar el acuerdo con las autoridades migratorias a pesar de las críticas que aseguraban que la 287 (g) legitimaba el perfil racial.

“Obviamente, no se detiene una operación como esa, que además es contractual y de tal magnitud, de un día a otro. A pesar de los cambios que pueda hacer, seguimos obviamente conectados aún con las autoridades migratorias”, destaca.

“Pero eso sí, alguien que comete un crimen va a ser juzgado bajo la ley como cualquier otra persona sin importar su estatus migratorio o tu procedencia”, agrega.

Según datos de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, en 2015, bajo el programa 287 (g), un total de 1.831 reos fueron remitidos a las autoridades federales y de ellos 167 terminaron fuera del país.

Desde que se implementó el programa en este condado, en 2008, unos 20.000 indocumentados han sido llevados ante Inmigración para su deportación.

Pero otra de sus preocupaciones durante su mandato de dos años será reducir la población penal del condado, que sobrepasa los 10.000 reos al mes en promedio, y donde las tres cuartas partes espera bajo rejas a la espera de una audiencia preliminar o de comparecer en corte para recibir fallo o sentencia.

“No es una operación sencilla, pero estamos buscando los elementos necesarios para reducir los costos administrativos y además reformar el sistema de fianzas”, subraya González, exconcejal y exinvestigador de homicidios con la Policía de Houston.

Dice también que intentará reducir el castigo en los casos donde el delito no es mayor porque ahora el Estado permite ciertas clasificaciones como “multar a los que cometen delitos en lugar de procesarlos” penalmente.

Otro de los problemas que enfrenta el condado, según González, es la población carcelaria que cuenta con detenidos diagnosticados con problemas mentales.

“Lo que no sabe el resto de la población es que muchos llegan a nuestras cárceles con padecimientos que debemos atender y eso representa un gasto adicional en medicinas, atención médica y tratamiento, además del proceso regular por el delito cometido”, asevera.

Gonzáles advierte que, aunque se trata de un desafío que simboliza mayores esfuerzos para la organización, tiene la firmeza que en los meses venideros podrá convertirse en un líder a nivel nacional y ser el ejemplo para que otros gobiernos del país lo imiten.

Indica además que existen dos ámbitos dentro de la seguridad pública que su oficina enfrenta como lo son la pobreza y el recrudecimiento de delitos por el alto consumo de drogas y estupefacientes.

“En ese aspecto, por ejemplo en la población que sufre adicción a las drogas, el remedio no está en las cárceles sino más bien en la misma comunidad, con la cual trabajaremos para encontrar un camino común y solucionarlo”, destaca.


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