Periodistas radican petición de información de junta fiscal ante agencias de EE.UU.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), entidad independiente de Puerto Rico, radicó hoy varias solicitudes de información sobre la labor que realiza la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por el Congreso de EE.UU. para velar por el estado financiero del Gobierno de la isla.
Según explicó en un comunicado de prensa la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, las peticiones se hicieron amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) ante la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro federal y la Oficina de Ética Gubernamental federal.
Minet detalló que las solicitudes se radicaron debido a que el organismo periodístico “lleva meses en busca de la información” de cómo opera la JSF, creada el año pasado por el Gobierno estadounidense, y que dirige el puertorriqueño José Carrión.
El CPI, según indicó Minet, decidió comenzar “un proceso abarcador, público y legal”, con el apoyo de las organizaciones LatinoJustice PRLDEF y el Center for Constitutional Rights, ambas en Nueva York, quienes representarán al CPI en relación a estas peticiones bajo FOIA.
“El CPI decidió tomar acciones más contundentes para visibilizar sus pedidos, ante la secretividad con la que se ha manejado la junta, incluyendo el proceso de nombrar a los integrantes, y especialmente los documentos sobre conflictos éticos y divulgación de intereses financieros que debieron haber radicado hace meses y no aparecen”, alegó Minet.
La solicitud incluye todos los registros disponibles relacionados con la junta, según Minet, sin limitarse a los materiales acerca de los siete integrantes de la entidad: Carrión, Andrew Biggs, Carlos García, Arthur J. González, José Ramón González, Ana Matosantos, David Skeel y Elías Sánchez.
El CPI además solicitó conocer los criterios usados para evaluar y escoger a los candidatos a la junta y cómo se determinó que estos criterios eran los más útiles para el desempeño de las funciones del grupo.
El grupo periodístico además requirió los registros sobre cómo se evaluó a cada candidato, según los criterios y resultados de sus evaluaciones; conocer qué entidades o personal participaron en el proceso de evaluación para los integrantes y quiénes participaron en la evaluación de si existían conflictos de interés.
“Los puertorriqueños, ya que no eligieron a los integrantes de la junta, quieren al menos saber quiénes son y cómo operan estas personas que ahora toman decisiones y diseñan nuestras políticas públicas”, agregó por su parte Natasha Lycia Ora Bannan, abogada de LatinoJustice PRLDEF.
“La falta de transparencia que evidencia la Junta a seis meses de haber sido nombrada es preocupante, es reprochable y no puede ser tolerada. El rol de la prensa y de la ciudadanía que exija respuestas en esta etapa va a ser fundamental”, agregó.
