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Medidas de Trump son amenaza para derechos y gastos elevados, según expertos

"No todos los interceptados por la Patrulla Fronteriza o ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) eran detenidos, pero ahora con la nueva política todos tendrán que serlo, y eso va a triplicar los problemas", declaró Gruberg a Efe. EFE/Archivo

“No todos los interceptados por la Patrulla Fronteriza o ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) eran detenidos, pero ahora con la nueva política todos tendrán que serlo, y eso va a triplicar los problemas”, declaró Gruberg a Efe. EFE/Archivo

Las órdenes ejecutivas de Donald Trump para aumentar el uso de los centros de detención y acelerar la detención de indocumentados para su deportación son una amenaza para los derechos constitucionales de los detenidos y un pingüe negocio para las cárceles privadas, según expertos.

Sharita Gruberg, de American Progress, estimó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) necesitará 900 millones de dólares extras por año para detener y alojar a indocumentados, en los niveles actuales, aunque esa suma “crecerá exponencialmente” una vez que la Patrulla Fronteriza contrate a los 5.000 nuevos agentes que autorizó el presidente.

“No todos los interceptados por la Patrulla Fronteriza o ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) eran detenidos, pero ahora con la nueva política todos tendrán que serlo, y eso va a triplicar los problemas”, declaró Gruberg a Efe.

La abogada estimó que el DHS va a necesitar 10.000 millones de dólares anuales para cumplir con la orden ejecutiva de Trump, que dispone la detención de todas las personas aprehendidas por sospecha de violar las leyes federales o estatales, incluida la ley federal de inmigración.

Estas personas deberán aguardar durante su detención nuevos procedimientos relacionados con esas violaciones, por lo que se autorizó la construcción de instalaciones o centros para detener extranjeros en la zona fronteriza con México.

“Quienes se frotan las manos son las corporaciones privadas que tienen contratos con el Gobierno para recluir indocumentados a la espera de la deportación, o refugiados”, dijo Gruberg.

Otro decreto de Trump dispone la deportación sin demora de aquellas personas cuyas pretensiones legales de permanecer en el país hayan sido rechazadas, después de haber recibido las sanciones civiles o penales apropiadas.

Para Jonathan Ryan, director ejecutivo de Raíces, una organización que presta servicios legales a inmigrantes y refugiados en Texas, el cumplimiento de esta orden ejecutiva provocaría problemas constitucionales, y además el país dejaría de cumplir con los tratados internacionales.

“Me preocupa el debido proceso, y que la gente no tenga el derecho de buscar asilo en este país, o de ser al menos escuchada por un juez”, señaló.

“Todos los procedimientos serán acelerados, y la gente tendrá que esperar detenida en condiciones duras y en lugares remotos, lejos de cualquier ayuda legal”, agregó.

Según la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), desde el 2006 a la fecha de hoy el promedio de detenidos diarios bajo custodia de ICE pasó de 21.550 a más de 42.000 personas, y con la nueva política serán muchos más.

Su presidente, William A. Stock, dijo a Efe que este aumento fue a consecuencia del fin de la aplicación de la política de “atrapar y liberar”, por la cual los inmigrantes detenidos tratando de entrar a Estados Unidos podían aguardar en libertad su audiencia en la corte.

“El presidente Trump anunció el miércoles el fin de una política que ya no se aplica desde el Gobierno de George Bush, y que es la que ha permitido los altísimos niveles de deportaciones registrados en los últimos años”, agregó.

Lo mismo afirmó Ryan, para quien Trump “propone cosas de máximo impacto y para consumo público”, y con sus órdenes ejecutivas solamente buscaría “meter miedo en la gente”.

“Desde el republicano George Bush, y acentuándose con el demócrata Barack Obama, la mayoría de los detenidos en la frontera fue llevada directamente a los centros de detención”, dijo.

En los casos en que tuvieron la oportunidad de aguardar libres una cita en la corte, “fue por el resultado de litigios en las cortes y reclamos de las comunidades atacadas”, agregó.

Otro aspecto señalado por AILA fue que las cortes de inmigración tienen actualmente medio millón de casos atrasados, algo que va a empeorar con los decretos de Trump, donde no se mencionan recursos para contratar más jueces.


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