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El Gobierno de Puerto Rico presenta una Ley de Emergencia Financiera

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El gobierno de Puerto Rico presentó hoy la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico que establecería los mecanismos para atender el problema de la liquidez además de pagar a los acreedores, y se presenta como una versión propia de la Ley de Moratoria.

Así lo anunció hoy el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, en un acto celebrado en Ponce donde participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra.

Rosselló afirmó hoy no es una “ley de moratoria” sino una “ley de cumplimiento” y recalcó que con la medida y las anteriores aprobadas, además de las órdenes ejecutivas, se podrá atender el problema de liquidez del gobierno.

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“Esta ley no es una ley de moratoria, esta es una ley de cumplimiento. Quiero hacer esa distinción. La ley de moratoria que estableció la pasada administración era una ley de impago que decía que cuando se le debiera a un acreedor, aunque hubiera ese dinero, no se tenía que pagar”, dijo.

La medida, Proyecto 675, “nos permite capturar lo que es ese dinero que ya estaba destinado para ir al pago de la deuda, y asegurar que llegue. Que si no tenemos el capital completo porque estamos atendiendo lo que son los servicios generales, por lo menos se vea la buena voluntad del pueblo de Puerto Rico en pagar”, agregó.

En este sentido, puso como ejemplo una deuda de 600 millones de dólares por obligaciones generales.

“Bajo la ley actual, la acción fue pagar cero a nuestros acreedores, cerrando las puertas para la inversión en Puerto Rico. ¿Qué es lo que hace esta nueva ley?: si hay disponibles 150 o 200 millones que están predestinados a ir al pago de la deuda, que se le pueda pagar a los acreedores, como una demostración de buena voluntad y como un compromiso, que en la medida en que el gobierno puede y lo hagamos a base de la situación fiscal, entonces se puede pagar”, explicó.

Subrayó que “de la mano de las medidas que hemos tomado para recortar gastos en el gobierno, de la mano de las piezas legislativas que estamos sometiendo y que vamos a pasar y esta ley de cumplimiento, lo que nos permite es asegurarnos que tenemos accesibilidad a fondos, para seguir operando”.

El gobernador manifestó también que con sus reformas “podremos ser un gobierno más pequeño, más efectivo y podremos dar servicios esenciales y que a la misma vez podremos reestablecer la credibilidad en Puerto Rico”.

El texto del proyecto indica que con el mismo una vez sea aprobado la isla podrá entablar “negociaciones voluntarias con sus acreedores para reorganizar y transigir el pago de sus obligaciones de deuda y simultáneamente emprender una reestructuración responsable de dicho endeudamiento”.

La pieza señala que la anterior ley de moratoria y algunas ordenes ejecutivas anteriores produjeron durante su vigencia conflictos creados por acreedores del gobierno que han sido “costosos y consumen los recursos necesarios” para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico y para hacer crecer la economía.

También recuerda que la suma de la deuda de Puerto Rico asciende a 66.000 millones de dólares con un servicio que asciende a un promedio de 3.500 millones de dólares anuales.

“Ante la situación los sistemas de retiro están practica insolventes con una deuda de 50.000 millones de dólares”, revela.

Indica también que esta situación se agrava ante la ola migratoria que se inició en el 2006 como consecuencia de la crisis financiera.

“Ante este tétrico cuadro es hora de enrollarnos las mangas y trabajar arduamente por el bienestar de Puerto Rico, nos corresponde construir un nuevo Puerto Rico e implementar una administración y política públicas”, subraya el proyecto.

Este sábado está previsto que se reúna la Junta de Supervisión Fiscal en Fajardo, al este de la isla.

En su agenda se prevé la presentación de un informe del presidente de la JSF, José Carrión, presentación de los Objetivos y Parámetros del Plan Fiscal, otorgar y favorecer un retraso en la presentación del plan por parte del ejecutivo, una presentación acerca de la Liquidez del Gobierno y el Puente entre los Estados Auditados y el Estimado de Base Revisado del Plan Fiscal.

También se prevé la discusión de fechas clave y calendario para los planes fiscales de las entidades sujetas a la Ley Promesa.

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