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Junta supervisión de P.Rico confirma cuarta reunión y anuncia su agenda

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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebrará este sábado una vista pública en Puerto Rico en la que el Gobierno de la isla espera que le de el visto bueno a un aplazamiento en la fecha de entrega de un Plan Fiscal y extender la moratoria de litigios de acreedores.

Este organismo tiene previsto celebrar la vista el sábado por la mañana en Fajardo, municipio de la costa este de la isla, donde ya celebró su último encuentro el 18 de noviembre.

En aquel encuentro la JSF anunció que rechazaba el Plan Fiscal del entonces gobierno presidido por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, para dar solución a sus problemas de liquidez y pago de la millonaria deuda.

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Y no le dio su visto bueno por considerar que no cumple con lo que establecía la Ley Promesa, aprobada a finales de junio de 2016 por Washington para tratar de socorrer al Gobierno de Puerto Rico.

Hoy el escenario es algo parecido.

Sigue sin haber en el horizonte un Plan Fiscal, aunque la Junta ya le trasladó la semana pasada al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, que está dispuesta a extender el plazo de entrega del mismo, además de la moratoria de litigios de acreedores que concede la Ley Promesa.

Rogelio García, representante de la consultora Conway MacKenzie, informó a los miembros de la Junta en el encuentro de noviembre de la junta, que el Gobierno adeuda a sus proveedores 1.500 millones de dólares, que se irán pagando gracias a que la Ley Promesa establece una moratoria en el pago a los acreedores.

El Gobierno, según la exposición de la consultora, mantiene operaciones gracias a la moratoria, pero se trata de un alivio temporal que tiene previsto termina a mediados de febrero, cuando finaliza ese beneficio de la normativa, lo que hace prever que los problemas de liquidez se agravarán.

Ahora parece, según los analistas, que la JSF está dispuesta a extender el plazo.

Las recomendaciones de ahorro de la junta pasan por aumentar las recaudaciones de impuestos un 15 por ciento, en unos 1.500 millones de dólares hasta el 2019 a la vez que cree necesario reducir los gastos de gobierno en un 22 por ciento a través, por ejemplo, de despidos y bajar el gasto de nómina.

También consideran que es necesario reducir el gasto sanitario en un 28 por ciento y el dedicado a la educación superior en un 27 por ciento.

A su vez, la JSF recomienda una reforma en las pensiones que pasaría por una bajada de las mismas de un diez por ciento y reducir el pago de la deuda pública un 21 por ciento.

Por el momento se desconoce si Rosselló acudirá a la reunión de la junta.

Tal y como ha asegurado el representante del Gobernador ante la junta, cuando se conozca la agenda y los temas a tratar en su encuentro en la isla, el gobernador decidirá si asiste.

“Eso está por verse”, dijo.

A su vez, indicó que están a la espera de que la Junta emita su determinación final autorizando la extensión -tanto de la fecha para certificar el plan fiscal como a la moratoria contra litigios.

Esa determinación se debe tomar este sábado en la reunión.

“Nuestra expectativa es que se le concedan ambas peticiones al gobierno dado que hemos estado trabajando, mano a mano, con el equipo de asesores de la Junta para facilitar el intercambio de información que para ellos era vital para poder conceder las extensiones”, destacó Sánchez.

La agenda del encuentro del próximo sábado pasa por la presentación de un informe del presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión, presentación de los Objetivos y Parámetros del Plan Fiscal y la presentación acerca de la Liquidez del Gobierno y el Puente entre los Estados Auditados y el Estimado de Base Revisado del Plan Fiscal.

También se prevé la discusión de fechas clave y calendario para los planes fiscales de las entidades sujetas a la Ley PROMESA.

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