Gobierno de Puerto Rico dice seguirá “parándose de frente” a la Junta Fiscal
El Gobierno de Puerto Rico ha advertido que seguirá “parándose de frente” ante la Junta de Supervisión Fiscal, con la que lleva toda la semana un intenso intercambio de misivas sobre plazos y medidas a adoptar para superar la crisis de la isla.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza -sede del ejecutivo de la isla-, Ramón Rosario, dijo hoy que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, continuará “parándose de frente “ ante la Junta de Supervisión Fiscal federal para defender los puestos de trabajo en el sector público, sanitario y las pensiones.
Tres apartados en los que la Junta de Supervisión Fiscal recomendó, el pasado miércoles, que el gobierno de la isla metiera mano para poder salir adelante y comenzar el camino de la recuperación económica.
Anoche el ejecutivo de Puerto Rico publicó el contenido de una nueva misiva remitida a la Junta de Supervisión Fiscal para la isla, en la cual le contesta a varios puntos que le planteaba dicho organismo en varias cartas esta semana y le asegura que cumplirá con todas las fechas que le marca y que no buscará préstamos a corto plazo.
La carta es la última de un continuo ir y venir de misivas desde que el pasado día 18 la Junta le remitiera una al Gobernador en la que le muestra su disposición favorable de extender la fecha límite para que presente un Plan Fiscal bajo varias condiciones, que generaría unos ahorros ingresos adicionales y/o ahorros anuales por 4.500 millones de dólares hasta el 2019.
La junta se mostraba en ese documento de acuerdo en prolongar el plazo de entrega del Plan Fiscal hasta el 28 de febrero y extender hasta el uno de mayo la fecha de vencimiento de la moratoria en la deuda, si el gobierno no acepta más préstamos y desarrolla un plan de liquidez.
La carta de anoche, firmada por Elías Sánchez, representante del gobernador ante la junta, le recuerda al organismo que el Gobierno de la isla no buscará préstamos a corto plazo o financiación a mediano plazo “que pudiera restringir las opciones fiscales” del ejecutivo.
A su vez, reitera su intención de colaborar con la junta de supervisión fiscal para la creación de un Plan Fiscal que se ajuste a las normas estatutarias de Puerto Rico establecidas por Promesa, la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.
La Ley fue aprobada a finales de junio de 2016 por Washington para tratar de socorrer al Gobierno de Puerto Rico.
La carta también considera “crucial” toda la información que pueda tener sobre su liquidez y considera que ambos comparten el deseo de buscar una solución consensuada a los problemas que se enfrenta Puerto Rico.
El gobierno, a su vez, también advierte que el Plan Fiscal que entregará a la Junta estaría sujeto a cambios durante su aplicación debido a que “muchas variables como las fluctuaciones económicas no previstas”, por lo tanto, indica, “no hay razón para excluir la elaboración de un segundo plan”.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de más de 60.000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
El ejecutivo de la isla, por boca del secretario de Asuntos Públicos, insistió hoy en lo que más temen muchos ciudadanos, el cierre de gobierno.
A este respecto subrayó que el gobernador trabaja para ello, “para evitar que eso ocurra”.
Por si fuera poca en este escenario, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Torres, consideró hoy que hay una “mano negra” en el ente federal por las medidas que la JSF recomendó al gobierno para atender la crisis fiscal.
También haciendo causa común con el gobernador, el presidente del Senado, Thomas Rivera, se mostró satisfecho con la carta que le envió Rosselló tras la primera misiva del día 18 en la que les trasladaba que no coincidía en algunas de sus recomendaciones.
En cuanto a qué se dispone a hacer el Gobernador, éste detalló el pasado 20 de enero, en una de las numerosas cartas que se han intercambiado, que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, tal y como sugiere la Junta, se impondría un sistema de matrícula según la capacidad de pago del estudiante y se dividirá el sistema de recintos entre los “recintos de prioridad para investigación” y “especializar” el resto de los recintos.
En el área de pensiones Rosselló ofrece privatizar los planes de contribución definida y poner a tributar algunos beneficios de las pensiones más altas.
En este punto, la JSF quiere una reducción de 10 por ciento en beneficios.
Ahora ambas partes está empatadas: la Junta de Control Fiscal solicitó al gobernador implantar ajustes para salir del atolladero económico mientras que el gobernador rechaza la forma de salir del mismo y reitera que ya tiene su propio proyecto para hacerlo.
“Todo el mundo sabe que aquí hay un problema que nosotros dijimos un número, ellos dijeron un número y coincidimos en ese número. Lo que no estamos de acuerdo es en cómo llegar a esa reducción”, tal y como retrató la situación este fin de semana Rosselló.
A ello el ejecutivo confía en que ayude la reforma laboral, aprobada hoy.
