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Piden bloqueo de ley de Arizona que niega licencias a inmigrantes amparados

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Grupos de activistas pidieron hoy a un juez federal que bloquee temporalmente una regulación del estado de Arizona que niega el derecho de obtener licencias de conducir a inmigrantes amparados bajo diversos programas federales, incluyendo a víctimas de violencia doméstica.

“Es injusto negarles a residentes de Arizona que son elegibles para tener licencias este derecho”, dijo Nicholas Espíritu, abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), quien presentó los argumentos ante el juez federal David Campbell en la Corte Federal en Phoenix.

En declaraciones incluidas en un comunicado de prensa, Espíritu indicó que los inmigrantes afectados necesitan una ayuda inmediata, ya que el no tener una licencia de conducir obstaculiza su vida, inclusive la posibilidad de obtener un empleo.

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Hace cuatro meses, NILC, el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y la firma de abogados Ortega presentaron una demanda en contra de Arizona en nombre de cinco inmigrantes amparados bajo programas federales de acción diferida que les otorga un permiso de trabajo.

Los demandantes argumentan que el estado viola la cláusula de igualdad en protección de la decimocuarta enmienda de la Constitución.

“En lugar de seguir la ley federal, Arizona escoge seguir con su campaña en contra de los inmigrantes y continúa gastando dinero de los contribuyentes defendiendo estas políticas ilegales y discriminatorias que no sirven a nadie”, dijo Víctor Viramontes, consejero nacional de MALDEF, en el mismo comunicado.

En 2012, la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó una orden ejecutiva que negaba el derecho a los jóvenes indocumentados amparados bajo el programa migratorio DACA de obtener una licencia de conducir en Arizona.

Jóvenes indocumentados amparados por este programa creado por el entonces presidente, Barack Obama, presentaron una demanda argumentando que Arizona otorgaba licencia de conducir a otros grupos amparados bajo iniciativas similares, por lo que Arizona decidió cambiar también esta política.

Los jóvenes indocumentados ganaron la demanda en contra del estado, lo que permitió a los “soñadores” obtener licencias de conducir, pero el estado mantiene su negativa de dar licencias a otros inmigrantes bajo programas de acción diferida como son las víctimas de violencia doméstica, de crímenes violentos o quienes están en espera de una visa humanitaria.

Arizona cuenta con una ley estatal que niega licencias de conducir a inmigrantes que no puedan comprobar un estatus legal en el país y argumenta que estos programas de acción diferida no otorgan la residencia a los beneficiados.

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