La Policía de Denver cambia su protocolo de “uso de fuerza”
El Departamento de Policía de Denver (DPD) anunció hoy que modificará sus reglas de uso de fuerza y que convocará a reuniones públicas a partir de la semana próxima para debatir las reglas actuales y las nuevas propuestas.
La modificación más importante, indicó el jefe de la Policía, Robert White, consiste en incluir a la Oficina del Monitor Independiente de Denver en la redacción y supervisión de las nuevas reglas.
El Monitor Independiente es una oficina civil que depende de la Municipalidad y que revisa el desempeño de los policías, alguaciles y bomberos de Denver y responde a denuncias de posible conductas inadecuadas por parte de esos uniformados.
A pesar de ello, esa oficina no había sido invitada por el DPD a participar en el proceso de los cambios propuestos.
De hecho, el DPD tampoco pensaba invitar a la comunidad, situación que varias organizaciones, como el Foro Latino de Colorado (CLF, en inglés) y Juntos Colorado, ya habían denunciado en el pasado, tanto en el caso de las reformas policiales como en el caso de las reformas en el sistema carcelario de Denver.
Por ello, CLF pidió no solamente cambios en la manera que policías y alguaciles usan la fuerza, sino también en el proceso de establecimiento de esas reglas, que, según CLF, debe incluir comentarios de la comunidad.
“Estamos hablando de normas que pueden impactar directamente la vida de las personas durante un encuentro con la policía, pero no tenemos ninguna voz en ese proceso”, afirmó Lisa Calderón, copresidente del CLF, durante un encuentro comunitario en la noche de este martes en el que participaron un millar de personas.
El principal cambio propuesto por el DPD es pasar de una “respuesta tradicional” en la que los agentes “se mantienen firmes” para defenderse y asumen que sus acciones son legales, a una “respuesta dinámica e innovadora” por la que deben determinar antes de actuar si son legales, necesarias y proporcionadas.
La polémica entre el DPD y la comunidad hispana de Denver tiene como foco los casos de Ismael Mena (1999) y de Frank Lobato (2004).
Mena, un inmigrante mexicano, fue abatido por la policía durante un operativo antidrogas que se realizó en la casa equivocada, mientras Lobato, paralítico y de 63 años, fue baleado en su cama por un policía que creyó que Lobato tenía un arma.
Aún más recientes, los casos de Ryan Ronquillo (julio de 2014) y de Jessica Hernández (enero de 2015) intensificaron las gestiones comunitarias para regular el uso de fuerza por parte de los policías de Denver. Ronquillo, 20, y Hernández, 17, fueron baleados dentro de sus automóviles cuando la policía trató de detenerlos. Ambos estaban desarmados.
Para Calderón, la reforma policial no será efectiva si a la vez no se reforma también el sistema carcelario de Denver, algo que el CLF impulsa desde 2014.
Por eso, en la reunión de este martes, a la que asistieron White y altos funcionarios municipales, Calderón pidió que el Departamento de Alguaciles de Denver reconozca la superpoblación carcelaria y, como el DPD, también convoque reuniones comunitarias y consulte a expertos “para encontrar la manera de reducir ese problema”.
