Gobernador Puerto Rico crea nueva Autoridad Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó hoy la Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
El estatuto declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico que sea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) la que coordine el uso sostenible de recursos y de presentar una visión coordinada y global de las necesidades de capital de las instrumentalidades del gobierno.
La nueva Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) estará dotada de poderes y facultades adicionales para poder trabajar adecuadamente con la crisis presupuestaria y fiscal de Puerto Rico, según la medida suscrita hoy.
Esta nueva ley orgánica mejora y amplía las facultades de la AAFAF, lo que redundará en contar con una entidad que ayude al gobierno a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, para provocar nuevamente el interés y la confianza en los mercados de capital.
La exposición de motivos de la ley declara que “es hora de implementar una administración y política pública que deje de improvisar y administrar las finanzas de año en año y empezar a abordar el desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. Tenemos que mirar hacia el futuro y anticipar estos desafíos en lugar de simplemente carenar de una crisis a la siguiente”.
Asimismo, los líderes y funcionarios de los componentes gubernamentales de Puerto Rico deben concentrarse en equilibrar los gastos y los ingresos, y reducir el nivel de intervención gubernamental en la economía para que los inversionistas y empresarios, locales y externos, lideren el camino hacia la recuperación económica.
Expone el estatuto que “la política pública de la pasada administración se centró en la renegociación de la deuda con énfasis en diferimiento de los pagos, lo que hubiese aumentado la carga de la deuda futura. Sin embargo, el tema de la reestructuración de la deuda fue una distracción de la necesidad urgente de reducir los gastos gubernamentales”.
La creación de esta ley es un paso importante hacia el restablecimiento de la confianza de los inversionistas en Puerto Rico.
