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El presidente del Senado de P.Rico no descarta ajustes en la reforma laboral

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El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, no descarta enmiendas a la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, proyecto que provoca el rechazo frontal de los sindicatos por entender que empeorará las condiciones de trabajo.

Rivera Schatz hizo las declaraciones tras una reunión con líderes sindicales previa a las vistas públicas que comienzan hoy en el Senado sobre un proyecto de ley que fue aprobado el pasado fin de semana en la Cámara de Representantes, adonde llegó poco días después de que el gobernador, Ricardo Rosselló, jurara el cargo.

El presidente del Senado sostuvo que algunas de las medidas, motivo de una concentración de protesta hoy ante la sede del Legislativo, se van a “mirar” en la Cámara alta, ya que, por ejemplo, la reducción de los días de enfermedad es un asunto que debe tratarse con la debida prudencia.

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“Un quebranto de salud es algo que no necesariamente está bajo el control del trabajador”, dijo Rivera Schatz, que sostuvo que nadie sabe cuánto tiempo le lleva recuperarse a un empleado de, por ejemplo, el zika, virus por picadura de mosquito muy extendido en la isla.

Rosselló envió el proyecto de ley al Legislativo de forma inmediata tras comenzar su andadura como jefe del Ejecutivo y esgrimió que se trata de una medida necesaria para incentivar la contratación y que la economía avance para dejar atrás una crisis que se prolonga desde hace más de una década.

Que el resultado de esta ley vaya a ser incentivar la contratación no es compartido por los sindicatos y oposición, que ven en la medida un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores y un posible freno a la economía, justo el efecto contrario al que busca.

El economista y catedrático José Alameda mostró reservas a la iniciativa y dijo que la marcha de la economía está más ligada a la demanda de bienes y servicios que a las condiciones laborales.

La “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” fue aprobada el sábado en la Cámara de Representantes con los 31 votos de la mayoría del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).

El proyecto reduce beneficios con décadas en la normativa laboral de la isla al, por ejemplo, alargar el periodo de prueba de un trabajador para convertirse en fijo en plantilla, que pasaría, de aprobarse, de los actuales 3 meses a 12 meses.

El portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, señaló sobre el asunto que no descarta que una enmienda para que el periodo quede fijado en 9 meses.

El proyecto establece reducir la paga extraordinaria de Navidad, que pasaría del actual 3 % al 2 % del salario anual devengado.

Otra de las medidas incluye que los nuevos contratados acumulen vacaciones a razón de un día y un cuarto de día por mes trabajado, mientras que el permiso por enfermedad será ahora de un día por mes, a condición de que el empleado trabaje no menos de 115 horas por mes.

Uno de los puntos que más polémica ha generado es el relacionado con el pago de horas, ya que el proyecto permitiría que se trabajen 10 horas seguidas sin que las dos que exceden las habituales 8 horas fueran abonadas como extraordinarias.

Otro de los puntos de discordia es el apartado del proyecto que establece que un empleado tendría prohibido participar en actividades que supongan competencia con el trabajo que desempeña.

Especialistas como el abogado laboralista Luis Pabón apuntaron sus reparos a este artículo de la norma, entre otras razones por la ambigüedad que lleva implícito.

Por parte de la patronal, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, David Rodríguez, adelantó que durante las vistas que hoy comienzan en el Senado se pedirá que se retire un artículo referido al derecho del trabajador -en horario laboral- a participar en los servicios religiosos de su fe y que el empleador tenga que facilitarlo.

El texto aprobado el sábado por la Cámara de Representantes incluyó una enmienda que dicta que el Departamento del Trabajo está obligado a informar del resultado de la aplicación de la ley con la posibilidad de que sea derogada si no cumple con las expectativas.

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