Legisladores mexicanos inician debates de Ley de Seguridad Interior
Legisladores mexicanos iniciaron hoy las discusiones para elaborar una Ley de Seguridad Interior, pero organizaciones civiles y especialistas expresaron su preocupación ante la posible imposición de una norma contraria a los derechos humanos.
En el acto de apertura de los trabajos en el Senado, el presidente de ese órgano legislativo, Pablo Escudero, subrayó que el objetivo es regular la integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades encargadas de preservar la seguridad interior.
Asimismo, definir las bases y modalidades de coordinación de los poderes de la unión, las entidades federativas y municipios, buscando preservar la gobernabilidad y los derechos humanos.
Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que la intención de esta primera reunión de trabajo es dar a conocer las iniciativas presentadas en ambas cámaras de Congreso.
En el encuentro participaron también senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI); el consejero jurídico del Gobierno, Humberto Castillejos; el académico Jorge Islas y legisladores miembros de las comisiones dictaminadoras.
De acuerdo con un comunicado del Senado, este órgano legislativo fungirá como cámara revisora del dictamen de la Ley de Seguridad Interior.
Al término de la reunión, la diputada Martha Sofía Tamayo, del PRI, adelantó que el próximo martes en la Cámara de Diputados se realizará un encuentro entre legisladores y representantes de la academia para analizar las propuestas presentadas en este campo.
Dijo que posteriormente se efectuará una reunión en el Senado, donde se analizará el marco de la convencionalidad en materia de derechos humanos, la regulación de seguridad en otros países y los tratados que existen en la materia.
Finalmente, mencionó que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados una reunión con representantes del Ejército para que expresen sus opiniones sobre la elaboración del dictamen, ya que ellos son los principales involucrados de manera directa y quienes han pedido la regulación.
Después de la reunión inicial, organizaciones civiles y especialistas divulgaron una carta abierta advirtiendo que “estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos”.
“Los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior”, dijeron.
Bajo esta lógica, añadieron, “es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas”.
Entre las organizaciones sociales firmantes figuran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto de Justicia Procesal Penal, México Unido contra la Delincuencia y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Asimismo, firmaron la politóloga Denise Dresser y los activistas Josefina Ricaño de Nava y Juan Francisco Torres Landa, entre otros.
