Nuevo Gobierno de P.Rico investiga transacciones de la pasada administración
Legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) anunciaron hoy la puesta en marcha de una investigación sobre supuestas transacciones irregulares realizadas por miembros de la administración del exgobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla.
Las investigaciones, según un comunicado de prensa divulgado hoy, las encabezan el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jorge Navarro, José Alberto Banchs y Néstor Alonzo con el objetivo de “fijar responsabilidad por el descalabro fiscal y económico que la pasada administración dejó en el Gobierno” anterior.
Según Navarro, estas son las primeras de varias medidas legislativas dirigidas a investigar “toda una serie de transacciones turbias y gastos excesivos e injustificados de parte de la pasada administración que requieren ser investigados profundamente”.
Será investigado el supuesto alza de salario y reembolsos de gastos de los directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que pagó la compañía y los contratos de la corporación con la oficial de reestructuración fiscal y operacional, Lisa Donahue.
Los procesos seguidos por la Compañía de Turismo en el contrato otorgado con fines publicitarios al Sevilla Club de Fútbol y el proceso seguido por parte del Departamento de Salud para la adquisición de un helicóptero por 8 millones de dólares sin el debido proceso de subasta.
“La manera irresponsable y altamente cuestionable en que la pasada administración manejó las finanzas del país es algo que el pueblo de Puerto Rico tiene que conocer, de forma que no solo se fijen responsabilidades, sino se tomen las medidas correctivas que eviten su repetición”, enfatizó Navarro.
De igual manera agregó el legislador que de este modo “comenzaremos a restaurar la credibilidad de nuestro gobierno ante el pueblo y ante los mercados de inversión”.
Banchs añadió que ya dicha comisión ha comenzado el proceso de recopilar información sobre dudosas transacciones realizadas en la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, “incluyendo la compra de activos tóxicos para intentar solventar el Banco Gubernamental de Fomento a costa de la posible quiebra de muchas pequeñas cooperativas de ahorro y crédito”.
El grupo de representantes alegó además que el Gobierno de García Padilla le debe alrededor de 90 millones de dólares a las cooperativas locales.
