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Órdenes ejecutivas provocan incertidumbre en la oposición puertorriqueña

El gobernador Ricardo Rosselló firmó varias órdenes ejecutivas de choque para paliar la situación de las finanzas públicas de Puerto Rico que provocan incertidumbre en la oposición ante su posible efectividad y consecuencias para la población. EFE/ARCHIVO

El gobernador Ricardo Rosselló firmó varias órdenes ejecutivas de choque para paliar la situación de las finanzas públicas de Puerto Rico que provocan incertidumbre en la oposición ante su posible efectividad y consecuencias para la población. EFE/ARCHIVO

El gobernador Ricardo Rosselló firmó varias órdenes ejecutivas de choque para paliar la situación de las finanzas públicas de Puerto Rico que provocan incertidumbre en la oposición ante su posible efectividad y consecuencias para la población.

Representantes de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD), que acaba de ceder el testigo a Rosselló y su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP), mostraron hoy sus reservas sobre la iniciativa del nuevo jefe del Ejecutivo, al que acusaron de querer gobernar por decreto.

El legislador del PPD Luis Vega Ramos subrayó que, en especial, la orden que establece una reducción del gasto del 10 % en todas las agencias gubernamentales es la que más dudas genera, ya que es una medida que pudiera afectar a los empleados de las corporaciones públicas.

Vega Ramos subrayó que también hay inquietud por el hecho de que esa medida de ahorro trate de poner por delante a los acreedores de la deuda de Puerto Rico por encima de la prestación de los servicios esenciales a la población.

La postura de PPD fue compartida también por miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que aseguraron que analizarán detenidamente si el gobernador tiene facultad para firmar esas órdenes ejecutivas sin pasara por el Legislativo.

Rosselló, que el lunes se convirtió en el duodécimo gobernador de Puerto Rico, firmó en horas de la madrugada de ese día varias órdenes ejecutivas destinadas hacer frente de forma inmediata a la crítica situación de la finanzas públicas.

El nuevo gobernador reconoció durante su discurso de juramento del cargo que la situación de las finanzas públicas es tan dramática que no hay fondos para pagar las nóminas de los funcionarios públicos del próximo mes de febrero.

Rosselló dio a conocer que firmó varias órdenes ejecutivas, la primera de las cuales establece medidas de control fiscal y reconstrucción económica.

Esa orden decreta de forma inmediata un estado de emergencia fiscal en el Gobierno, lo que significa que todas las agencias deben reducir sus gastos operacionales un 10 % sin que se vean afectados los servicios esenciales.

Además, las plazas vacantes no se cubrirán ni se crearán nuevos puestos de trabajo, además de eliminarse el 20 % de los puestos de confianza actuales.

Otra de las órdenes ejecutivas crea el Centro de Oportunidades Federales con el objetivo de proveer asistencia técnica para optar a fondos federales, lo que según el Rosselló puede suponer que lleguen anualmente desde Washington cerca de 1.000 millones de dólares.

La siguiente orden ejecutiva crea el Grupo Interagencial de Proyecto Críticos para la Infraestructura del Siglo XXI con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las entidades gubernamentales en la evaluación y concesión de permisos para infraestructuras.

Establece otra que cada agencia gubernamental comenzará a justificar cada dólar que pretende utilizar y a partir de ahí cuadrar su presupuesto para el año fiscal 2018 que comienza el próximo 1 de julio, con lo que desaparece la práctica de utilizar las asignaciones previas como base para establecer los presupuestos con cargo al erario.

La última propone como política pública que se aumente la participación de la mujer en puestos directivos dentro del Gobierno.

Puerto Rico sufre desde hace cerca de una década una profunda crisis económica y el Gobierno saliente reconoció durante 2016 que no hay liquidez para hacer frente a los vencimientos de deuda, que ronda los 69.000 millones de dólares, y a la vez prestar servicios mínimos a la población.


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