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Ricardo Rosselló anuncia nuevos miembros del Gobierno de Puerto Rico

El gobernador electo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció los últimos miembros de su gabinete, que a partir del 2 de enero se enfrentará a graves problemas de liquidez y la supervisión por una entidad nombrada por Washington como principales retos para los próximos 4 años de legislatura. EFE/ARCHIVO

El gobernador electo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció los últimos miembros de su gabinete, que a partir del 2 de enero se enfrentará a graves problemas de liquidez y la supervisión por una entidad nombrada por Washington como principales retos para los próximos 4 años de legislatura. EFE/ARCHIVO

El gobernador electo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció los últimos miembros de su gabinete, que a partir del 2 de enero se enfrentará a graves problemas de liquidez y la supervisión por una entidad nombrada por Washington como principales retos para los próximos 4 años de legislatura.

Rosselló dio hoy un paso decisivo para la conformación de su futuro Ejecutivo con el nombramiento de los titulares para la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y la Administración de Servicios Generales (ASG).

Tras estos nombramientos está prácticamente finalizado -aunque quedan todavía algunos jefes de agencia por designar- el Ejecutivo con el que a partir del 2 de enero comenzará su andadura, que tiene como reto fundamental hacer frente a una deuda de más de 60.000 millones de dólares que el Estado Libre Asociado no puede pagar.

El principal problema al que tiene que enfrentarse Rosselló es el de qué va a pasar a partir de mediados de febrero, cuando termina la “congelación” de las demandas de los acreedores contra el Estado Libre Asociado por impago de los vencimientos de deuda, tal y como establece la Ley Promesa, aprobada el pasado junio por el Congreso en Washington.

Para hacer frente a ese reto, Rosselló se está rodeando de jefes de agencia de su plena confianza, entre los que destacan los que hoy dio a conocer, fundamentales para atender asuntos de naturaleza financiera.

El abogado Jose Iván Marrero fue designado como nuevo director de la OGP, profesional que cuenta con un bachillerato con concentración en contabilidad y un doctorado en leyes por la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Marrero tiene 15 años de experiencia en las áreas de finanzas y contabilidad en distintas firmas privadas como Pentagon Federal Credit Union y San Juan Federal Credit Union.

El gobernador electo designó además a Edwin Rafael Carreras-Rivera como director ejecutivo de la AFV, profesional que cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y una maestría en Administración de Empresas con concentración en Finanzas por la Universidad Central de Bayamón.

Carreras Rivera, que estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tiene 21 años de experiencia profesional en los campos de la contabilidad, finanzas, fondos federales y auditoría en los mercados de ventas de bienes y servicios.

Hasta el nombramiento de hoy se desempeñaba como auditor de la Administración de Vivienda Pública (AVP).

La última de las designaciones del día fue el nombramiento de Miguel Ángel Encarnación como nuevo administrador de la ASG, quien cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en gerencia por la Universidad del Este.

En 2012, Encarnación fue designado como secretario municipal de San Juan y presidente de la Junta de Subastas del municipio, antes de pasar en 2014 a ocupa la posición de secretario municipal de Bayamón, donde ha tenido la encomienda de administrar varios proyectos en la estructura de ese gobierno municipal.

“Deseo agradecer la disponibilidad de estos destacados profesionales para servirle a Puerto Rico. Con estas designaciones continua fortaleciéndose nuestro equipo de trabajo”, subrayó el gobernador electo.

El Gobierno de Rosselló tendrá que convivir a partir del 2 de enero con una Junta de Supervisión fiscal impuesta por Washington, que en Puerto Rico se considera lacera su autogobierno y Constitución local.

Bajo esa ley federal, la Junta de Supervisión fiscal podrá anular cualquier ley del Gobierno local que considere una violación de “Promesa” y obligar al Ejecutivo a vender activos, fusionar agencias o despedir empleados gubernamentales.


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