Activistas enseñarán a inmigrantes a interponer demandas por discriminación

Activistas de Arizona impartirán cursos a la comunidad inmigrante del estado para enseñarles a defender sus derechos por medio de demandas por perfil racial o discriminación por idioma o discapacidad.

Silverio García, director de la Organización Justicia para Todos, dijo a Efe que el inmigrante es el más abusado y el menos informado, y por esa falta de educación en materia de leyes federales, recibe tratos racistas y discriminatorios.

“Ya es hora de hacer algo. Por muchas décadas en Arizona nos han maltratado y discriminado desde Joe Arpaio hasta Jan Brewer, en las escuelas púbicas y las cárceles”, indicó.

Con 24 años de experiencia en derecho civil, el activista señaló que cualquier ser humano que se encuentre en territorio estadounidense puede interponer una queja administrativa por discriminación.

Es por ello, que a partir del próximo mes de febrero empezará a trabajar con la comunidad hispana, vulnerable en la mayoría de las veces por carecer de estatus migratorio, para instruir a la gente sobre sus derechos civiles federales.

“No tienen que ser ciudadanos, en cuanto llegan a este país tienen voz. Aquí en Arizona se cometen muchos abusos porque se rigen por las leyes estatales y migratorias, pero la asistencia federal es muy clara en sancionar a quien no cumple la ley”, destacó.

García mencionó que el propio inmigrante puede interponer la queja administrativa sin asistencia legal. Solo tiene que tener 18 años y conocer las entidades donde hacerlo de acuerdo a la causa, como puede ser por idioma, falta de traductores, perfil racial o discapacidad.

Como ejemplo de esas discriminaciones está el caso de Jacinta González, directora regional del grupo Por Mi Gente, quien recientemente presentó una demanda en contra de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa (MCSO) en la que asegura haber sido víctima de perfil racial por su apellido latino.

“Demandé al sheriff porque el 19 de marzo fui arrestada con otros dos camaradas que hicimos una protesta en contra de Trump, por esa razón fui llevada a la cárcel y solamente por mi apellido González fui sometida a un juez de migración, me tuvieron toda la noche en una celda sola”, dijo González.

“Si me tratan a mí de esta manera siendo ciudadana americana, imagínense el trato que le dan a miles de personas indocumentadas”, comentó durante una protesta después de interponer la demanda afuera de MCSO.

García manifestó que tomó su decisión porque conoce las leyes y se acercó a las personas que la asesoraron, pero la mayoría de los inmigrantes las desconocen y tampoco hacen mucho por instruirse.

“Ya han pasado más de cinco décadas desde que se estipularon las leyes contra el racismo y aun no se aplican en Arizona, y es triste porque se pueden aplicar pero la gente desconoce las leyes federales”, expresó.

Además, aseguró que el solo hecho de que las escuelas no tengan traductores o discriminen a los alumnos o los padres por el idioma, amerita una queja por discriminación, que tiene casi el cien por cien probabilidades de ser ganada.

“Yo he ganado el 99.9 % de las demandas administrativas. Comencé a estudiar en 1992 y puse mi primera queja en 1998 contra Buckeye Elementary School y desde esa fecha me he encontrado con un camino lleno de discriminación, por eso voy a empezar a instruir a la comunidad a que se defiendan ellos mismos, porque yo solo no puedo con todo”, aseguró.

La activista aseguró que solo por el hecho de que las escuelas, la oficina del Sheriff, el Departamento de Policía, la Municipalidad, la Oficina de Protección al Menor, y otras, reciben asistencia federal, están expuestos a ser demandados.

“Para las leyes federales todos somos iguales, no en vano se aprobaron las leyes en 1964, las que son muy especificas en igualdad de color, lenguaje, sexo, raza y religión”, detalló.

“El problema es que nuestra gente no sabe, no se instruye, no quiere decir que no tengamos derechos, un inmigrante tiene más derechos que yo que soy ciudadano en el mundo federal”, aseveró.

La directora regional del grupo Por Mi Gente manifestó que de acuerdo a cifras del Gobierno federal, las quejas más comunes en Arizona, desde hace 15 años, son por discriminación por discapacidad, raza y lenguaje.